El Ministerio Público toma esta posición justo antes de que comience el proceso de reparto en la península de los niños que llegaron a Ceuta a finales del mes de julio y que se encuentran bajo tutela de las autoridades de la ciudad autónoma.

En el decreto, la Fiscalía General recuerda a sus fiscales territoriales en materia de menores que deben advertir a los responsables autonómicos de "las posibles responsabilidades que pudieran deducirse" en caso de incumplimiento.

El escrito insiste en que está enfocado a “asegurar” el “bienestar” de los menores no acompañados que llegaron de manera ilegal a Ceuta y también “garantizar su protección de manera adecuada”, dado que depende de la Fiscalía tutelar los derechos de esos niños.

Y especifica que el fiscal de la región de la que vayan a salir los menores tendrá que informar a sus colegas del territorio de destino de los expedientes relativos a cada uno de los menores con determinación de su edad y especificando si el trámite administrativo está completo o en trámite.

Será la Fiscalía de destino la que después abra expediente gubernativo para el seguimiento de los niños y adolescentes redistribuidos en cada comunidad autónoma para asegurar “una adecuada acogida” y que se cumpla el “deber de garantizar la atención inmediata necesaria y, en su caso, protección de aquellos mediante la adopción de las medidas oportunas”.