Según el Ministerio Público, está acreditado que el Gobierno autonómico actuó con la idea de “modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control". Así lo sostuvo el fiscal Fernando Prieto en la segunda jornada de la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar los recursos contra la sentencia.

En su informe, Prieto insiste en que a partir del año 2000 se implementó un cambio en los presupuestos para la utilización de determinadas partidas para el pago de subvenciones sin “ningún tipo de justificación” y a sabiendas de que estaba “expresamente prohibido”.

A su juicio, el objetivo de ese cambio era eludir “cualquier tipo de control” en la concesión de las ayudas mediante el uso de una partida “inadecuada”, cuando "la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas" y, por tanto, "no era necesaria una modificación presupuestaria". Estos hechos supusieron auténticas ilegalidades, sentenció.

La Fiscalía sostuvo ante el Supremo que "ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos” necesarios para acceder a las ayudas ni existió “procedimiento ni expediente", para su concesión. El Ministerio Público insistió, en contra de lo dicho por las defensas, que estos extremos están probados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

La sentencia establecía que el Gobierno andaluz urdió un sistema por el cual se llegaron a defraudar 680 millones de euros de fondos públicos en la concesión sin control de ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2009. Y fija que los dos expresidentes condenados eran “plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad". Las defensas de Griñán y Chaves pidieron la absolución por entender que muchos de los extremos que sustentan el relato de la sentencia no están sustentados en pruebas sólidas.