Así lo notificó el Ministerio Fiscal en un escrito dirigido al Tribunal Supremo, que solicitó además que se pida una orden europea de detención y entrega de ambos por malversación de caudales públicos y desobediencia. La petición fiscal se produce tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de julio de 2023 que retira la inmunidad de ambos europarlamentarios.

Aunque esta sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos, “huidos de la justicia y en

rebeldía”, resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención

internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos

especificados en el auto de 12 de enero de 2023, según la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal también señala en el escrito que los hechos constitutivos de malversación a los que es aplicable el art. 432 CP llevan aparejadas penas privativas de libertad que, dada la elevada cuantía de los fondos malversados, podrán ser de entre 6 y 12 años de prisión.