El Ministerio Público defiende que Alvise Pérez sea llamado a declarar como investigado por “sendos delitos de financiación ilegal de partido político y delito electoral” y pide, además, que se investigue el tráfico de dinero en las 'wallets' que el empresario donante, Álvaro Romillo, creó para él.

De igual modo, la Fiscalía quiere que el eurodiputado extremista justifique todos sus pagos durante la campaña y que se comprueben todas sus cuentas bancarias y las del partido que lidera.

El político recogió los 100.000 euros en la sede de la empresa Sentinel, propiedad de Álvaro Romillo. El dinero iba a servir para financiar la campaña electoral de las europeas. Alvise acabó reconociendo que recibió ese dinero sin declararlo a Hacienda, pero afirmando que lo cobró en calidad de “autónomo” y sin librar “factura” alguna.

El asunto quedó al descubierto cuando en el curso de una investigación de la Audiencia Nacional sobre el proyecto de criptomonedas de Romillo a través de Madeira Invest Club, el empresario declaró haber entregado ese dinero a Alvise a cambio de su compromiso de legislar a favor de las criptomonedas durante un hipotético gobierno del PP y Vox, en el que su voto fuera decisivo.

El Supremo se acabó haciendo cargo de la investigación al afectar a un aforado al que ahora la Fiscalía quiere que se investigue por los delito de financiación ilegal de partido político y delito electoral, junto con el empresario al que pide que se le impute como cooperador en ambos delitos.