El Ministerio Público dirige un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tramita este procedimiento, para que solicite al Ministerio de Justicia que se apliquen “las conclusiones y determinaciones de reparación integral”, del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, relativo a la Comunicación “Baltasar Garzón contra el Reino de España”.

Hasta el momento, Justicia se ha acogido al silencio administrativo negativo como respuesta a la reclamación del exjuez. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la reclamación de Garzón y pide que se apliquen medidas para “borrar los antecedentes penales”.

Además, el Ministerio Público respalda que se le conceda una “compensación adecuada por el daño sufrido”, la adopción de “medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”, y la publicación tanto del dictamen como de la decisión de admisibilidad del Comité, dándoles “amplia difusión”.

La Fiscalía de la Audiencia exige así que el ministerio dirigido por Félix Bolaños dé cumplimiento a las conclusiones del comité de Derechos Humanos de la ONU que determinó que fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y solicitaba el borrado de sus antecedentes penales y que se le diera “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

En el escrito del fiscal Manuel Campoy se afirma que Justicia vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías al no responder “sin que conste causa justificada” a sus reiteradas solicitudes para reclamar el cumplimiento de esas conclusiones.

La resolución de a ONU consideró probado que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue “arbitrario”, que no garantizó la imparcialidad de magistrados que le sentenciaron y criticó que no tuviera acceso a una segunda instancia para recurrir, por lo que este organismo pidió al Estado español una “reparación integral” y el borrado de sus antecedentes penales.