En una reunión telemática con una representación de la Federación de Industria de UGT, encabezada por su secretario general, Mariano Hoya, representantes de los fondos acreedores informaron al sindicato de que han iniciado contactos tanto con el Govern de la Generalitat como con el Gobierno de España para tratar de que éstos no bloqueen la operación, que creen que no necesita aprobación por parte del Consejo de Ministros.

En esas negociaciones, las Administraciones imponen una serie de condiciones a los nuevos propietarios, como son el mantenimiento del empleo y de la sede social en España; que el consejo de administración esté formado mayoritariamente por consejeros del país y que se mantenga la integridad del grupo.

Según UGT, los representantes de los fondos, están dispuestos a asumir todas estas exigencias. Además, contaron a UGT que después del nombramiento de Rafael Villaseca como presidente, se elegirá un CEO, que será "un contrastado industrial".

A la petición del sindicato de que se mantengan los puestos de trabajo, los representantes de los fondos reafirmaron su compromiso de mantener las capacidades operativas de las plantas, e insistieron en que el problema actual no radica en el empleo del grupo, como reconoce la propia sentencia al afirmar que las empresas de Celsa son rentables, sino que este radica en su excesivo endeudamiento, que se verá reducido por la capitalización de una parte de la deuda.