En su escrito, Carlos Jiménez Villarejo, jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, asegura que, en este asunto y "a la vista de la entidad y alcance de losindicios de responsabilidad contra Barrionuevo", es necesario continuar la instrucción del sumario con la práctica de nuevas diligencias, que "necesariamente, deben afectar a la persona aforada".

Por ello, solicita que sea la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quien asuma la competencia para continuar con la investigación de estos supuestos hechos delictivos.

El fiscal recuerda que, en una ocasión anterior, en julio de 1996, ya estudió los supuestos delitos que ahora se enjuician y consideró qe su trascendencia penal no era "tan clara", si bien ya ponía de manifiesto "la existencia de importantes indicios de la participación de Barrionuevo en los hechos objeto de investigación".

Pues bien, "tales indicios no sólo han quedado desvirtuados, sino que han sido confirmados y hasta ampliados con la práctica de nuevas diligencias, y ello aún con las limitaciones que supone determinar realmente los indicios, sin poder practicar diligencia alguna que afecte al mencionado aforado", puntualiza el infrme.

BARRIONUEVO, IMPUTADO

El fiscal anticorrupción insiste en que en este momento procesal "resulta imprescindible" investigar el patrimonio del aforado y además "recibir declaración de Barrionuevo, declaración que deberá prestar, necesariamente, en concepto de imputado, a la vista de los indicios existentes en la causa".

Según el informe, los indicios encontrados contra la actuación del ex ministro "van más allá de constituir meras sospechas", lo que debe traducirse en la imputación.

Antcorrupción recuerda que durante el período que se juzga y por lo que se refiere al Ministerio del Interior, "el destino de los fondos reservados, a efectos de justificación, estaba bajo la más absoluta discrecionalidad de los ministros respectivos".

"Esta discrecionalidad, unida a la falta de control de tales fondos, constituyen el verdadero caldo de cultivo de las conductas de apropiación al procurar a las mismas un casi total impunidad", dice el fiscal.

Luego recuerda cómo en la instrucción lleada a cabo hasta ahora, el ex secretario de Estado para la Seguridad ha declarado que, entre los años 1987 y 1993, hubo modificaciones en los presupuestos del Ministerio del Interior para ampliar de 800 a 1.500 millones de pesetas lo dedicado a fondos reservados.

Más tarde, el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán declaró haber recibido importantes cantidades procedentes de estos fondos, como también reconoció el ex director general de la seguridad del Estado Julián Sancritóbal, entre otos.

Finalmente, la Fiscalía señala que en este asunto está también imputado José Luis Corcuera, ministro que sucedió a Barrionuevo al frente de Interior. "Obviar el mismo tratamiento a quien le precedió en su cargo, y dejó sentadas buena parte de los usos y mecanismos de control en el ministerio, supondría un indudable agravio comparativo".