En el escrito, la acusación popular argumenta que el objetivo de su petición es "acreditar la más que dudosa falta a la verdad por parte del prenombrado testigo, que imputó a las personas relaciondas el conocimiento del manejo de fondos reservados y que públicamente ha sido contestado por parte de los aludidos en sentido negativo".

Asimismo, solicita que se deduzca el testimonio de la declaración efectuada por Sáenz de Santamaría, "tal vez que la misma podría ser constitutiva de delito, debiendo ser llamada para realizar nueva declaración esclarecedora de los extremos referentes al pago a la banda terrorista".

En declaraciones posteriores a su declaración en el juicio, Sáenz de Santamaríase ha ratificado en que el rescate de Rupérez se pagó con 200 millones procedentes de los fondos reservados, aunque agrega que los detalles sobre la entrega del dinero son cosa de los intermediarios que intervienen en la operación.