Tras las últimas descalificaciones a determinados autos judiciales relacionadas con la crisis de Ceuta, FJI publicó esta "carta abierta a los políticos", en la que les recuerda, en primer lugar, que durante la reciente apertura del año judicial, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ya denunció los ataques. Algo que también hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Pero seguimos igual", lamentaron.

A partir de ahí, FJI defiende la labor de los jueces y magistrados, incidiendo en que "toda decisión judicial es susceptible de crítica", pero exigen que esta debería basarse "en un análisis de los motivos esgrimidos por el juez o tribunal y, si acaso, expresar en qué se está de acuerdo, y en qué no".

En tono irónico, apuntaron que esto "no es fácil", porque, ante un auto o sentencia que resuelve "en un sentido contrario al deseado, lo más sencillo es desprestigiar al juez, sembrando dudas sobre su imparcialidad, y, de paso, sobre su profesionalidad y honestidad". Y es que consideran que es fácil "agarrarse a mil cosas" para ello: "Que si la denuncia la puso tal partido o asociación, que si el juez participó en su momento en política, que si impartió no sé qué curso, que si el ponente de la resolución es Fulanito, que si los jueces van a distintas velocidades ...". "Se trata de vilipendiar de forma gratuita", resumen.

Así, hacen hincapié en que denunciar la “falta de imparcialidad” de los jueces "abre paso a poder utilizar calificativos burdos ante cualquier auto o sentencia desfavorable. "Cuanto más contundente sea el término empleado, menos necesidad habrá de explicarlo", añaden, insistiendo en que es algo "extremadamente peligroso", pues con esas manifestaciones "están haciendo daño a toda la carrera y a la ciudadanía".

"PROGRESISTAS Y CONSERVADORES"

En este sentido, tacharon de "paradójico" que sean los políticos los que "se consideren damnificados del sistema", cuando "en sus manos está revertir la situación". De ahí que les detallen varias medidas para revertirlo. Por un lado, que los jueces estén "libres de los calificativos de 'progresista' o 'conservador'”, algo que se conseguiría si la competencia del Parlamento para elegir a los vocales del CGPJ "se limitase a los vocales no judiciales", algo que incluía una reciente propuesta del PP rechazada en el Congreso.

Junto a esto, reclaman que la designación de altos cargos en la carrera judicial se hiciese conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad, y no mediante "nefastos cambios de cromos entre los vocales del CGPJ". Aquí, ven "puro sarcasmo" en que los políticos denuncien "falta de imparcialidad" cuando en España el acceso a la carrera judicial, la política de nombramientos, y la facultad disciplinaria "dependen, desde hace más de 40 años, del CGPJ, cuya composición está absolutamente intervenida por los partidos políticos".

Tajantes, exponen que los políticos "son responsables, directa o indirectamente, del nombramiento de algunos jueces y magistrados cuyas sentencias critican después".

Por último, reclaman que se regule "con el debido rigor" el salto de la jurisdicción a la política, y el retorno posterior a la vida judicial, para que las “puertas giratorias” no supongan un problema de falta de confianza en la judicatura.

"Hay que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la Justicia", señalan mientras hacían un llamamiento a las autoridades: "Háganlo ya, está en sus manos". Y con la misma ironía, preguntaron que, en el caso de que lo hicieran, "¿qué dirán cuando una sentencia les sea desfavorable?".