Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aseguró este lunes que la exposición de motivos de la proposición hace un "esfuerzo considerable" por justificarla, lo cual es "muy de agradecer", pero "el verdadero problema está en el fundamento" del texto, es decir, en el articulado.

Considera que su aplicación generará "desigualdad" y "va a afectar" al ejercicio del poder jurisdiccional al "dejar sin efecto" algunas de sus resoluciones.

Según el Tribunal Constitucional, explicó, todo esto está permitido en la propia Constitución siempre que se respeten los principios de la Carta Magna, por lo que tiene que existir no solo una "justificación" de su aprobación sino una "proporcionalidad" entre sus efectos y el "bien constitucionalmente legítimo" que se pretende preservar y en función del cual se justifica esa medida.

Sin embargo, a pesar de que sus promotores apelan reiteradamente a la "convivencia", Fernández Vaquero consideró que eso es "el interés general que explica por qué se adopta la medida", pero "no hay" bien constitucional legítimo" que la justifique, porque el objetivo es "blindar absolutamente" a las personas implicadas en el 'procés' frente a cualquier consecuencia jurídica y en esa pretensión el texto destila "obsesión por derogar" la intervención del Poder Judicial "anulando hasta el último detalle" de sus decisiones e incluso exigiendo esas resoluciones "de manera inmediata" con "preferencia" sobre otros asuntos.

Con todo ello, concluyó, la proposición pretende ser "un edificio sólido" pero en realidad los "cimientos se tambalean" y ello hace que "el edificio sea inestable".