La federación remarcó en un comunicado que esta decisión "perjudicaría enormemente a las familias españolas que pagan este servicio, puesto que ya viven una situación económica bastante complicada ante el aumento del coste de vida". “Es lícito buscar financiación, pero no a costa de golpear aún más a los centros educativos privados”, indicó el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.

La organización consideró “contraproducente” la propuesta, pues “en lugar de lograr el efecto deseado a medio plazo, supondría un perjuicio inmenso para los trabajadores, los ciudadanos y la viabilidad de los centros”.

En el caso de la enseñanza, según FSIE, “muchas familias verían reducido su poder adquisitivo y se verían abocadas a matricular a sus hijos en otro tipo de centros, provocando el cierre de unidades en los centros privados e incluso de todo el centro”. Todo ello ocasionaría la pérdida de “muchos puestos de trabajo que dejarían de tributar el IRPF y de ser una fuente más de recaudación para el Estado”.

DATOS

La federación subrayó que, según datos del Ministerio de Educación, FP y Deportes, hay 9.800 centros educativos privados y concertados, en los que trabajan más de 210.000 profesionales que atienden a más de 2.2749.603 de alumnos. Asimismo, en la etapa universitaria, hay 34 universidades privadas, donde trabajan más de 21.000 profesionales y 1.722.247 entre grado y ciclo, máster y doctorado.

En este contexto, FSIE advirtió que “este tipo de medidas que promueve el ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, no son las adecuadas si lo que se pretende es conseguir financiación”, pues, “al dificultar a los ciudadanos el acceso a los mismos se puede generar un “efecto rebote”, ”tensionando aún más los centros públicos".

“Recaudar a costa de perjudicar a los profesionales, las familias y a los centros no es la solución que consideramos adecuada y justa”, lamentó Pueyo.

Asimismo, FSIE señaló que es “un nuevo ataque a la libertad de elección de las familias y a la creación de centros educativos”, recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española.