Las movilizaciones se desarrollarán todos los viernes entre el 29 de mayo y el 19 de junio ante el Ministerio de Educación, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la participación de docentes, personal de administración y servicios, representantes sindicales y miembros de la comunidad educativa, dentro de una campaña coordinada en todo el Estado bajo el lema: “Mismo servicio público, mismas condiciones”.

FSIE denuncia que, "pese a los años de trabajo institucional desarrollados por la organización y pese al diálogo mantenido recientemente con el Ministerio de Educación, el Proyecto de Ley actualmente en tramitación parlamentaria para la reducción de la carga lectiva del profesorado continúa excluyendo a los trabajadores de la enseñanza concertada".

El sindicato recuerda que esta reivindicación no solo ha sido trasladada directamente al Ministerio y a los grupos parlamentarios, sino que además cuenta con el respaldo institucional del Consejo Escolar del Estado, cuyo Pleno aprobó por unanimidad la incorporación de esta extensión al dictamen del Proyecto de Ley.

Sin embargo, FSIE lamenta que hasta el momento el Ministerio continúa sin concretar avances efectivos sobre cuestiones que la federación considera fundamentales para el futuro del sector: "Convocatoria de la Mesa de la Enseñanza Concertada, activación de los grupos y comisiones de trabajo para el estudio del coste real del puesto escolar, financiación suficiente para garantizar condiciones dignas en el sector, y medidas reales que permitan avanzar hacia una igualdad efectiva dentro del sistema educativo sostenido con fondos públicos".

Por ello, el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, señala que “resulta difícil entender que se siga apelando constantemente a la igualdad de oportunidades mientras se mantiene excluida a una parte esencial del servicio público educativo de mejoras básicas que sí se aplican en otros ámbitos del sistema".

FSIE advierte además de que la "infrafinanciación estructural" que arrastra la enseñanza concertada perjudica especialmente al personal de administración y servicios (PAS), a la organización de los centros, y a la propia calidad educativa.

En este sentido, Ríos insistió en que “sin financiación suficiente no es posible garantizar ni condiciones laborales dignas ni una verdadera igualdad de oportunidades para las familias que eligen la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos”.

PREOCUPANTE

El sindicato considera "especialmente preocupante" que mientras determinadas administraciones y responsables políticos "apelan constantemente a la igualdad de oportunidades y a la calidad educativa como ejes centrales de su discurso político, posteriormente no se garantice esa misma igualdad dentro del propio servicio público educativo".

FSIE recuerda además que la Ley Orgánica de Educación establece expresamente que el servicio público educativo se presta tanto a través de centros públicos como de centros concertados sostenidos con fondos públicos.

“La calidad educativa y la igualdad de oportunidades no pueden convertirse en simples mensajes políticos o electorales; deben traducirse también en decisiones reales y en una financiación adecuada para todos los centros que forman parte del servicio público educativo”, agregó Ríos.