Función Pública y los sindicatos avanzaron en estas cuestiones en una reunión celebrada el lunes. Sin embargo, el borrador presentado por el Gobierno no convenció a CCCO, como trasladaron fuentes del Sindicato a Servimedia.

Por su parte, UGT exigió que la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) sea compatible con la conciliación y la flexibilidad, y no suponga, en ningún caso, una merma en la calidad del servicio público.

La implantación de la jornada laboral de 35 horas para la AGE era una de las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022 por CCOO y UGT.

CSIF se abstuvo entonces de sumarse al pacto, pero se ha unido a las negociaciones posteriores. En ellas, el sindicato ha reclamado que la jornada de 35 horas llegue también al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de Educación.

Las reivindicaciones sindicales volverán a abordarse este miércoles en la comisión permanente de la Mesa General de Negociación de la AGE.

OEP 2026

Los responsables de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública comenzaron el lunes los contactos con los sindicatos para negociar la OEP 2026.

Tras el encuentro, los sindicatos lamentaron la falta de precisión de la cartera dirigida por Óscar López, que avanzó “cifras muy similares” a la de la OEP 2025, cuando se aprobaron 26.889 plazas para la AGE.

Las organizaciones sindicales emplazaron al Ministerio a presentar datos más concretos este miércoles y le instaron a presentar una oferta que suponga la creación de neta de puestos de trabajo y refuerce la plantilla de los servicios públicos, sobre todo aquellos más saturados.

UGT ya adelantó que “solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la jornada de 35 horas y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía”.

Además, el sindicato denunció que siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Esto asciende a 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna que no se han convocado.

CSIF pidió que la OEP de 2026 supere la de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna. A su juicio, la próxima convocatoria deberá reforzar los servicios deficitarios de personal, como el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, y tener en cuenta el proceso de regularización de inmigrantes, que requerirá más personal.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Función Pública y los sindicatos también empezaron a trabajar el lunes en un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Para ellas, se reservará un cupo no inferior al 10% de las plazas convocadas en acceso libre y promoción interna, según trasladó CSIF.

Entre otros aspectos, este acuerdo implica la convocatoria de pruebas específicas e independientes, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y criterios para los procesos selectivos atendiendo a barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas.

También se trabajará en eliminar las barreras carácter procedimental u organizativo que puedan impedir o dificultar la plena participación en condiciones de igualdad.

La negociación también busca avanzar en reconocer situaciones de discapacidad sobrevenida, para garantizar el derecho a las adaptaciones del puesto de trabajo y reconocer el desempeño efectivo de las tareas de su condición profesional, así como a la formación y cualificación profesional.