En rueda de prensa tras reunirse con representantes de CCOO, UGT, CSI-CSIF, CIG y ELA-STV, Gómez-Pomar afirmó que "el Gobierno está dispuesto a hablar de mejoras retributivas o incentivos salariales más allá de la inflación prevista para 2003".

Según ha podido saber Servimedia, dicha oferta consiste en el 2% habitual de previsión de IPC del Gobierno, al que se sumaría un 1% de un fondo adicional que crearía el Ejcutivo.

Ese punto añadido no se consolidaría íntegramente en la nómina de los funcionarios, ya que un 0,25% de subida sería discrecional por parte del Gobierno en cumplimiento de unos requisitos de productividad.

El calendario de materias que tratarán Gobierno y sindicatos contempla las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la calidad del empleo, su estabilidad, la calidad de los servicios que prestan y la movilidad geográfica, además, lógicamente, del aspecto retributivo.

Gómez-omar mostró la "clara voluntad política del Gobierno de alcanzar acuerdos respecto a muy extenso elenco de cuestiones". A la reunión de esta tarde acudió el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas.

La próxima semana se comenzará a negociar un grupo de trabajo creado en la Mesa de la Función Pública, que deberá tener sus conclusiones el día 22 de octubre, con el fin de que el 26 de ese mismo mes pueda cerrarse un acuerdo que se incluyera en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Esado, aunque "si hiciera falta" se ampliaría el plazo de negociación.

Aunque específicamente no se tratará la creación del Estatuto de la Función Pública, Gómez-Pomar resaltó que muchas de las materias contempladas en el listado de temas a negociar podrían formar parte de dicho estatuto.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, dijo a los periodistas que el Gobierno del PP "tiene la oportunidad de mostrar su voluntad política de que la situción de los funcionarios les interesa".

"Sólo se han producido acuerdos (con el PP) en vísperas de elecciones", y aunque "no digo que la historia se vaya a repetir", lo cierto es que hay elecciones en los dos próximos años (2003 autonómicas y locales, y en 2004, generales).

Eso sí, Lacuerda advirtió al Ejecutivo de que sólo aceptarán un acuerdo que afecte a todos los empleados públicos del Estado, no sólo a los 400.000 que dependen directamente de la Administración central. Por ahora, concluyó, "o hay ningún motivo para pensar que estamos a las puertas de un acuerdo".