Mora, actualmente en libertad bajo fianza, visitó en dos ocasiones la delegación de Gobernación de Sevilla para ver al delegado, con la intención de reclamar la cesión de 370 licencias de máquinas tragaperras. La petición de Mora era ilegal, al carecer de instalaciones para su ubicación.

Morillo no le recibió, pero ordenó después la tramitacón de los permisos que exigía el empresario. Según los testimonios de los funcionarios, todos sabían que su actuación era ilegal.

El ex director general de Juego Manuel Cortés, uno de los encausados, aseguró que "en más de una ocasión" concedió licencias para este tipo de máquinas, aún sin estar instaladas, porque, según dijo, "una cosa es la ley, y otra la práctica".

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzga estos días a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, cuatro empresarios e máquinas tragaperras y cinco funcionarios de la administración autonómica, acusados de falsedad, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, por beneficiarse económicamente del cambio de normativa sobre las máquinas. El fiscal pide para ellos penas de prisión de seis a doce años.