La edad de jubilación de los funcionarios continúa fijada en los 65 años, pero no obstante esta normativa establece que los empleados públicos "podrán voluntariamente prolongar su permanencia en el servicio activo hasta, como máximo, los 70 años de edad".

Esta posibilidad no es aplicable a los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación.