La participación de FCM en este proceso, clave para incorporar la accesibilidad, los apoyos y la perspectiva de género y discapacidad a la respuesta frente a las violencias sexuales, sitúa los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en un debate decisivo, destacaron en un comunicado desde FCM.

"La regulación de este espacio constituye una oportunidad para que la perspectiva de género y discapacidad forme parte del diseño de las políticas y para que la experiencia de las organizaciones que representan a estas mujeres contribuya a orientar las decisiones", reivindicaron.

La sesión fue convocada para someter a votación las distintas aportaciones de las vocalías y permitir la emisión del correspondiente informe del Observatorio sobre el borrador. El proceso ha dado continuidad al Pleno extraordinario del 15 de septiembre y al nuevo plazo de presentación de propuestas abierto posteriormente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Durante ese segundo periodo, un amplio grupo de organizaciones y expertas de la sociedad civil alcanzó un consenso recogido en una propuesta de informe conjunto. Junto a este documento, la convocatoria incluyó alegaciones de otras vocalías, procedentes de administraciones públicas y organizaciones profesionales y empresariales, detallaron desde la FCM.

RESPUESTA EFECTIVA

Según la Fundación, una respuesta efectiva frente a las violencias sexuales requiere tener en cuenta las barreras que pueden impedir a las mujeres y niñas con discapacidad identificar la violencia, comunicar lo sucedido y acceder a los recursos de protección y a la justicia.

En concreto, pusieron el foco en que se garantice la accesibilidad de la información y los servicios, los apoyos para la comunicación y la capacitación de profesionales intervinientes en todos los ámbitos y todas las fases del proceso para que los derechos puedan ejercerse en igualdad de condiciones.

Este enfoque exige también combatir los estereotipos que cuestionan su credibilidad o su capacidad para decidir sobre su propia vida, incidieron desde la Fundación.

"La protección debe respetar su autonomía y evitar que las dificultades de acceso a la atención o a los procedimientos generen nuevas situaciones de discriminación y revictimización", exigieron.