La fundación forma parte de dos grupos de trabajo del Observatorio: el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas, y el de Justicia Feminista.

Fundación Cermi Mujeres explicó que su participación en estos grupos resulta "esencial para velar para que se preste debida atención a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género en España". El encuentro, celebrado en formato online, tuvo como objetivo principal informar sobre el Nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género y definir las líneas de trabajo del grupo.

MÁS DE 250 NUEVAS MEDIDAS

El Ministerio de Igualdad destacó las principales novedades del nuevo Pacto de Estado, que incorpora 256 medidas completamente nuevas e incluye otras formas de violencia no contempladas anteriormente.

Además, pone especialmente el foco sobre determinados grupos de población en situación de especial vulnerabilidad, incorporando distintas medidas dirigidas directamente a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

El nuevo marco refuerza normas tanto a través de la aprobación de nuevas leyes como de reformas legislativas, estructuras, coordinación y recursos económicos destinados a combatir la violencia machista.

La Fundación Cermi Mujeres, como titular de una vocalía, instó a reforzar las medidas en materia de acceso a la justicia, garantizando la formación y sensibilización de todos los operadores jurídicos.

Propuso la exclusión de la mediación en casos de violencia contra mujeres con discapacidad y el empoderamiento de las propias víctimas, especialmente en zonas rurales o instituciones residenciales.

Asimismo, propuso acciones específicas para asegurar la recuperación, rehabilitación e integración social de las víctimas, el desarrollo de una macroencuesta estatal sobre la violencia ejercida contra mujeres y niñas con discapacidad, y la incorporación efectiva de la accesibilidad en todos los servicios vinculados al Pacto de Estado.

Finalmente, hizo un llamamiento firme a las comunidades autónomas para que destinen los recursos necesarios a la implementación plena y efectiva de estas medidas dirigidas a proteger a las mujeres con discapacidad.