Así lo indicó la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de Fundación Cermi Mujeres, Sara de Torres Riveiro, en declaraciones a Servimedia con motivo del Día Internacional de la Niña, que se celebra este domingo.

De Torres Riveiro señaló que las niñas y adolescentes con discapacidad afrontan vulneraciones específicas de derechos humanos en ámbitos como la educación, la participación social y el acceso a la Justicia. Entre las principales preocupaciones de la fundación destacó el acoso escolar, las barreras de accesibilidad en los centros educativos y las dificultades para acceder a determinados niveles formativos, además de las vulneraciones de sus derechos sexuales.

También advirtió de los obstáculos que encuentran cuando son víctimas de violencia, especialmente a la hora de denunciar y conseguir que sus testimonios sean creídos. “Una niña con discapacidad va a ser menos creída”, afirmó, al señalar que los prejuicios sociales pueden agravar las barreras que ya encuentran las menores sin discapacidad para ser escuchadas y obtener protección.

Por ello, reclamó “romper con los estereotipos y las ideas preconcebidas” mediante la formación y sensibilización de los profesionales de ámbitos como la justicia, la educación y la sanidad, así como de las familias. A su juicio, es necesario reconocer la autonomía de las niñas, formarlas para que conozcan sus derechos y garantizar que puedan decidir sobre su propio cuerpo.

VIOLENCIA DIGITAL Y FALTA DE DATOS

La representante de Fundación Cermi Mujeres alertó asimismo del aumento y la diversificación de las vías utilizadas para ejercer violencia contra la infancia, especialmente a través de las redes sociales. Aunque consideró que las formas de violencia “no han cambiado en esencia”, explicó que las plataformas digitales pueden “amplificar los prejuicios y estereotipos que ya están arraigados en la sociedad”.

En este contexto, insistió en la necesidad de reforzar la prevención y la sensibilización, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de las niñas con discapacidad. También reclamó “mejorar la recogida de datos para conocer la dimensión real” de las violencias que sufren.

La fundación lleva años solicitando una macroencuesta específica sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. De Torres Riveiro explicó que la encuesta estatal general presenta limitaciones porque no es accesible para todas las mujeres, se realiza por vía telefónica y “deja fuera determinadas edades y formas de violencia”, así como a mujeres que viven en centros cerrados o segregados.

“Sobre lo que no conocemos no podemos actuar”, advirtió, al defender que las estadísticas deben reflejar las experiencias de las niñas y mujeres con discapacidad para que las administraciones puedan diseñar respuestas adecuadas.

DAR VOZ A LAS PROPIAS NIÑAS

Para promover su participación, Fundación Cermi Mujeres celebra desde hace dos años una escuela de verano dirigida a niñas y adolescentes con discapacidad. De esta iniciativa surgió un consejo de participación propio, destinado a que las menores puedan expresar directamente sus necesidades y reivindicaciones, sin intermediarios.

La representante de la fundación destacó que este espacio permite que “las niñas conozcan sus derechos y comprueben que pueden hacer oír su voz”. Además, defendió la importancia de que sus demandas “lleguen directamente a las instituciones”, como ocurrió el pasado mes de junio cuando participantes de la segunda edición de la escuela se reunieron con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

“Nadie mejor que ellas va a poder expresar realmente lo que les afecta y lo que necesitan”, subrayó. En este sentido, pidió que sus realidades se incorporen también a las estadísticas y a las decisiones políticas, ya que consideró que las niñas con discapacidad “deben estar presentes en los espacios de participación pública”.

De Torres Riveiro añadió que las barreras para participar en el deporte, la cultura y el ocio no son únicamente físicas. También persisten obstáculos sociales y actitudinales que pueden impedir que las menores participen en igualdad de condiciones. Por ello, reclamó “crear espacios adecuados y proporcionar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar su inclusión”.

FINANCIACIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA

En relación con las garantías incorporadas a la reciente reforma de la legislación sobre discapacidad y dependencia, la representante de Fundación Cermi Mujeres consideró necesario que los derechos reconocidos se traduzcan en medidas efectivas y no se queden en “papel mojado”.

Para conseguirlo, reclamó financiación pública, coordinación entre las administraciones y las organizaciones sociales y una voluntad política real para aplicar las medidas previstas. Asimismo, pidió que la perspectiva de género, infancia y discapacidad “se incorpore de manera transversal a las políticas públicas, en lugar de tratar estos ámbitos como cuestiones separadas”.

Entre las prioridades de la fundación mencionó también la reparación a las mujeres con discapacidad que fueron esterilizadas forzosamente. Según explicó, la reforma de la legislación sobre discapacidad y dependencia incorpora un mandato al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, una normativa de reparación. La entidad espera que “este compromiso se mantenga durante la próxima legislatura”.

Junto a esta medida, reclamó una macroencuesta accesible sobre la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad y una participación efectiva de estas últimas en los ámbitos público y político. También destacó la necesidad de “prevenir el acoso escolar y garantizar un acceso efectivo y accesible a la Justicia”.

Por último, insistió en que las políticas públicas deben tener en cuenta las necesidades específicas de las niñas y adolescentes con discapacidad y garantizar los recursos necesarios para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.