Así lo manifestó la patrona de la Fundación Cermi Mujeres y presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de esta entidad, con el respaldo del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Castillo defendió la necesidad de que el Estado “mire a los ojos” de las víctimas y reconozca una vulneración de derechos humanos que afectó “principalmente a mujeres y niñas adolescentes con discapacidad”. Según recordó, el Código Penal español permitió entre 1989 y 2020 que jueces autorizaran esterilizaciones de personas incapacitadas judicialmente, sustituyendo su consentimiento bajo el argumento de un supuesto “interés superior”.

Durante su intervención, la representante de la Fundación Cermi Mujeres subrayó que esta práctica constituyó “una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales” y recordó que distintos organismos internacionales la han considerado una forma de trato “cruel, inhumano o degradante”.

La compareciente explicó que la propuesta legislativa plantea declarar nulos de pleno derecho todos los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones, además de reconocer oficialmente a las víctimas y articular medidas de reparación integral.

Entre ellas, destacó una indemnización única de 30.000 euros para cada víctima acreditada, cuantía que calificó de “simbólica” y que, según precisó posteriormente en respuesta a los grupos parlamentarios, se ha fijado tomando como referencia legislaciones similares de otros países.

Castillo insistió en que esa compensación económica “debe ser directamente para la mujer con discapacidad” y no para tutores legales ni terceras personas. Asimismo, defendió que quede exenta de tributación y sea compatible con cualquier otra ayuda o prestación.

La propuesta también contempla asistencia médica, psicológica, jurídica y social para las víctimas, así como posibles cirugías reparadoras cuando sea viable revertir la esterilización. Además, incluye la celebración de un acto público de perdón institucional y la creación de un memorial en recuerdo de las afectadas.

Según los datos aportados por La Fundación Cermi Mujeres, más de un millar de personas con discapacidad fueron esterilizadas judicialmente entre 2005 y 2016, aunque la organización advirtió de que esa cifra solo corresponde a un periodo concreto y podría existir un número mayor de víctimas anteriores o posteriores a esos años.

Castillo señaló igualmente que la esterilización forzosa estuvo estrechamente vinculada a los antiguos procesos de incapacitación judicial, especialmente en personas con discapacidad intelectual o psicosocial, cuyos derechos reproductivos quedaban en manos de representantes legales, tutores o tribunales.

En su comparecencia, la presidenta del Cermi Andalucía recordó que en este 2026 se conmemorará el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y apeló al “consenso” de todas las fuerzas políticas para sacar adelante la futura norma.

“Muchas mujeres están envejeciendo sin haber recibido jamás una disculpa. Otras, desgraciadamente, ya no están. El Estado tiene una deuda con ellas”, afirmó.

APOYO PARLAMENTARIO

Durante el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado del Grupo Plurinacional Sumar Rafael Cofiño Fernández enmarcó la propuesta en “un cambio de paradigma” basado en la autonomía, los derechos y los apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad.

Por parte desde el Grupo Socialista, la diputada Margarita Martín Rodríguez agradeció el trabajo desarrollado por la Fundación Cermi Mujeres y recordó que “fue el PSOE quien impulsó en 2020 la reforma del Código Penal que eliminó la posibilidad de esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente”.

Martín aseguró que España “tenía una deuda democrática” con las mujeres y niñas con discapacidad y defendió la necesidad de “reparar, acompañar y seguir avanzando”.

En representación del Grupo Popular, la diputada Sandra Moneo Díez expresó el compromiso de su formación con la ampliación de derechos de las personas con discapacidad y consideró que la propuesta presentada requiere “el máximo consenso”. Moneo lamentó además que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso “no tenga carácter legislativo”, pese a abordar reformas de “extraordinaria importancia”.

La Fundación Cermi Mujeres sostiene que, aunque España ha eliminado ya de su ordenamiento jurídico la esterilización forzada de personas incapacitadas judicialmente, todavía queda pendiente completar “el ciclo de reparación” hacia las víctimas. Por ello, la entidad ha comenzado a trasladar su propuesta legislativa a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a parlamentos autonómicos, con el objetivo de “que pueda convertirse en una futura ley estatal”.