Así lo indicó este miércoles Pérez Bueno, durante la presentación la obra ‘El Derecho de la Discapacidad en Iberoamérica’, donde defendió que las personas con discapacidad no deben ser consideradas únicamente destinatarias de las políticas públicas, sino agentes activos en la mejora de la sociedad y en el fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, sostuvo que las personas con discapacidad tienen un “enorme potencial” que debe liberarse para contribuir no solo a su propia emancipación personal y colectiva, sino también al cuidado y la mejora de la democracia. Por ello, reclamó derribar las barreras que les impiden participar plenamente en la sociedad y asumir un papel activo en los cambios colectivos.

Durante el acto celebrado en Casa de América (Madrid), Pérez Bueno explicó que la fundación lleva más de 15 años trabajando para promover el conocimiento jurídico al servicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. A su juicio, la transformación social comienza también en el pensamiento y el lenguaje, antes de trasladarse a las leyes, las políticas públicas y la vida cotidiana.

Por ello, defendió la necesidad de desarrollar un sistema jurídico coherente, fundamentado en principios de justicia, equidad y transformación social, que permita proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Según indicó, este ámbito no puede limitarse a reunir normas dispersas, sino que debe “constituir un marco capaz de responder a las necesidades reales del colectivo”.

El presidente de la entidad recordó que las personas con discapacidad han permanecido históricamente en los “extrarradios” de la atención, la regulación, la consideración social y las decisiones políticas. Una situación que, a su entender, hace necesario reforzar los instrumentos jurídicos y las políticas públicas para garantizar su plena ciudadanía.

Asimismo, defendió que la discapacidad debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás las concepciones basadas en el paternalismo, el asistencialismo y la condescendencia. En este cambio de enfoque, destacó la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuyo vigésimo aniversario se conmemora en 2026.

Pérez Bueno subrayó también la contribución de Iberoamérica a la elaboración de este tratado internacional, al recordar el papel de países como Ecuador y México en el impulso inicial de la Convención en el ámbito de Naciones Unidas.

COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

La obra, presentada en Casa de América (Madrid), reúne aportaciones de especialistas de distintos países para analizar los avances legislativos y los desafíos que persisten en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Su objetivo es “ofrecer una perspectiva comparada” que permita conocer las respuestas jurídicas de los distintos Estados e identificar experiencias que puedan contribuir a mejorar las políticas públicas.

El libro aborda los fundamentos del Derecho de la Discapacidad y examina las realidades de España, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y México. Consta de 493 páginas, distribuidas en 13 capítulos, y cuenta con tres prólogos.

Durante el acto, el codirector de la obra y delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez, destacó que la publicación no se limita a recopilar normas, sino que ofrece “una reflexión sobre cómo el Derecho puede transformar las condiciones de vida de las personas con discapacidad”.

Saravia señaló que, pese a los avances normativos registrados en los países analizados, persisten barreras físicas, sociales, comunicativas, institucionales y culturales que impiden a millones de personas desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones.

Por ello, insistió en que no basta con aprobar leyes: es necesario dotarlas de recursos suficientes, reforzar los mecanismos de seguimiento y garantizar la participación de las propias personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas. “Los derechos deben poder ejercerse, reclamarse y hacerse efectivos”, defendió.

Por su parte, el especialista del Área de Cohesión Social de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Luis Díaz Scharff, subrayó que la cooperación entre países permite identificar soluciones, reconocer debilidades y aprender de las experiencias que han funcionado en otros lugares.

Díaz Scharff advirtió de la brecha que todavía existe entre el reconocimiento legal de los derechos y su ejercicio efectivo. En este sentido, señaló que las políticas públicas necesitan “recursos, coordinación y continuidad”, además de contar con la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones para responder a las barreras que encuentran en su vida cotidiana.

Asimismo, destacó que la publicación aborda cuestiones como la relación entre discapacidad y pobreza y las situaciones de discriminación múltiple que “afectan, entre otros grupos, a las mujeres y a los pueblos indígenas en los que hay personas con discapacidad”.

El secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y codirector de la publicación, Rafael de Lorenzo García, explicó que el volumen pertenece a la colección especializada que impulsa la entidad junto con la editorial Aranzadi, destinada a consolidar el Derecho de la Discapacidad como disciplina jurídica autónoma.

De Lorenzo destacó el carácter “colectivo” del proyecto, concebido desde “las dos orillas” del espacio iberoamericano, y reivindicó la investigación, la formación universitaria y la producción científica como herramientas para “fortalecer la protección jurídica de las personas con discapacidad”.

DERECHOS EFECTIVOS Y CALIDAD DEMOCRÁTICA

El director general de Casa de América, León de la Torre Krais, destacó que el Derecho de la Discapacidad está estrechamente relacionado con la ciudadanía, la igualdad ante la ley y la calidad democrática. A su juicio, el reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos exige transformar las normas, las instituciones y las prácticas para “garantizar su autonomía, su vida independiente y su participación social”.

El embajador en Misión Especial para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, también incidió en la necesidad de que los marcos jurídicos cuenten con mecanismos que garanticen su cumplimiento. Además, resaltó la importancia de “abordar la discapacidad desde una perspectiva interseccional”, atendiendo a factores como el género, la situación económica, el lugar de residencia y el tipo de discapacidad.

Celada recordó asimismo el desarrollo del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pasó de contar con siete países participantes en sus inicios, en 2018, a reunir actualmente a 14, según indicó. Entre sus ámbitos de actuación destacó la participación de la sociedad civil, la mejora de los datos estadísticos y la cooperación para avanzar en el reconocimiento de derechos en la región.

La presentación se enmarca en los esfuerzos por consolidar el Derecho de la Discapacidad como “un ámbito jurídico propio” y reforzar el intercambio de conocimientos entre España y América Latina. La Fundación Derecho y Discapacidad anunció también que trabaja en una publicación dedicada al Derecho de la Discapacidad en la Unión Europea.

Con esta obra, sus promotores buscan contribuir a que el conocimiento jurídico se traduzca en políticas públicas más inclusivas y en una aplicación efectiva de los derechos. Una tarea que, en palabras de Pérez Bueno, requiere que las personas con discapacidad puedan “superar las barreras que limitan su participación” y convertirse en “protagonistas de la mejora colectiva” y de una democracia con mayor “calidez humana”.