Así lo afirma el presidente de la entidad, Juan Chicharro, en un artículo de opinión titulado 'Cuando el Estado decide qué historia es lícita, la libertad ha dejado de existir', difundido por esta fundación y recogido por Servimedia. Critica en su texto la resolución firmada por el ministro Ernesto Urtasun el pasado 14 de abril para extinguir la Fundación Franco, al considerar que "no responde al interés general".

Chicharro rechaza este argumento al considerar que "negar que su estudio y análisis respondan al interés general equivale a afirmar que el Estado puede declarar 'ilegal' una porción entera del pasado", por el franquismo. A su juicio, esa lógica "es propia de regímenes que queman libros o derriban estatuas para imponer una única narración oficial", en posible alusión a regímenes como el nazi, que practicaba la quema de libros.

REDEFINICIÓN DE LA VERDAD

El presidente de la entidad ha defendido que el franquismo "no fue un paréntesis insignificante", sino "un régimen que duró casi cuatro décadas", que reconstruyó un país devastado por la Guerra Civil y que desarrolló infraestructuras, industria y educación. Ese periodo, sostiene, "forma parte inseparable de la biografía colectiva de los españoles".

Para Chicharro, la decisión del Ministerio de Cultura no constituye "un acto administrativo neutral", sino "una redefinición autoritaria de la verdad histórica". El presidente de la fundación ha advertido de que el Ejecutivo se arroga la facultad de definir "qué es y qué no es legítimo recordar" mediante esta resolución.

EL CONCEPTO DE "NEGACIONISMO"

Chicharro denuncia que, ante la imposibilidad de los servicios jurídicos del Estado de acreditar conductas de "menosprecio, humillación o descalificación" a las víctimas, exigidas por la Ley de Memoria Democrática, se ha "inventado una nueva categoría", el "negacionismo", entendido como la negación de hechos históricos a través de artículos, estudios o publicaciones.

A su juicio, esta interpretación supone "criminalizar el pensamiento", al castigar "la simple discrepancia interpretativa sobre hechos históricos". El presidente recuerda que el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones" sin establecer excepciones para "aquellas ideas que al poder le resulten incómodas".

Chicharro califica de "obscena y deliberadamente falaz" la equiparación de cualquier análisis revisionista con el negacionismo del Holocausto. "No estamos ante la negación de un genocidio industrialmente planificado, sino ante interpretaciones históricas sobre un régimen político controvertido", precisa el responsable de la fundación.

Convertir el debate historiográfico en delito, añade, es "el mecanismo clásico de los regímenes que temen la pluralidad de voces". El presidente de la fundación sostiene, asimismo, que la vía de extinción elegida es "claramente inconstitucional" por vulnerar la libertad de asociación recogida en el artículo 22 y la libertad ideológica del artículo 16 de la Carta Magna.

"FALTA DE INTERÉS GENERAL"

El presidente cuestiona el procedimiento administrativo de extinción por "falta de interés general" al preguntarse quién está legitimado para definir ese concepto. Si un Gobierno de signo contrario decidiera extinguir fundaciones dedicadas a la memoria de la Segunda República o de la Guerra Civil por considerar que "enaltecen el terrorismo", ha dicho, no se aceptaría el argumento.

Chicharro enmarca la decisión en "un patrón más amplio" de "judicialización y administrativa de la historia", que pretende "convertir en dogma lo que debe ser objeto de investigación". El responsable ha calificado esta actuación de "vía sectaria, claramente inconstitucional y evidentemente totalitaria" en su artículo.

La Fundación Nacional Francisco Franco "no es un club de nostálgicos", defiende el presidente, sino "una institución que custodia documentos, archivos y testimonios de una etapa decisiva" de la historia de España. Extinguirla, ha advertido, no borrará el franquismo de la memoria colectiva, pero enviará "un mensaje escalofriante" sobre los límites del Estado para decidir "qué se puede estudiar y qué debe desaparecer".