Así lo reivindicó la entidad, que atiende sobre todo a madres y sus hijos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Varias madres de familias acogidas en la fundación denunciaron que fueron “amenazados por paramilitares para robarles sus hijos cuando nacieran, con el fin de venderlos para tráfico de órganos, sexual o para reclutarles en las milicias clandestinas”.

En América Latina, por ejemplo, se calcula que más de 1,2 millones de familias abandonaron sus países en la última década, citando amenazas de grupos paramilitares que exigen impuestos revolucionarios, roban hijos al nacer o los secuestran para redes criminales. En África, los estados ricos en recursos naturales presentan altos índices de corrupción, y la población rural, especialmente mujeres y niños, se ve obligada a migrar ante la amenaza de secuestro y explotación por extremistas y redes criminales.

La Fundación Madrina subrayó que los “narcoEstados” y “Estados tratantes”, aquellos que permiten o promueven la esclavización y el tráfico de niños y mujeres, convierten a sus ciudadanos en “commodities, como si fueran petróleo, oro o metales preciosos, sujetos a venta, tráfico o explotación”.

La entidad señaló que esta práctica, entre otras, viola los derechos humanos fundamentales y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige protección absoluta de la infancia y la dignidad de la persona.

Asimismo, la fundación reivindicó que la migración forzada no es una elección, sino es una “consecuencia de la corrupción, la violencia organizada y la explotación de los más vulnerables”. Por ello, la comunidad internacional debe “combatir de manera urgente la trata de niños, mujeres y familias que operan bajo amparo de estados corruptos y narcoestados”.

En 2024, 120 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares, un 8% más que con relación a un año antes. La Fundación Madrina recordó que cada familia que abandona su país enfrenta las consecuencias de sistemas que “deberían protegerlos y que, en cambio, los convierten en víctimas de la corrupción y la explotación”.

Ante todo esto, la fundación también pidió garantizar la protección integral de niños y mujeres en zonas de riesgo, incluyendo refugios seguros y programas de emergencia; fortalecer la cooperación internacional para perseguir penalmente a los dirigentes de los Estados y grupos criminales que trafican con personas y niños, y promover educación y sensibilización en derechos humanos, libertad y dignidad para comunidades vulnerables.

Igualmente, la Fundación Madrina reclamó impulsar políticas de transparencia y lucha contra la corrupción que reduzcan la violencia estructural y los narcoestados y Estados Tratantes; apoyar programas de reintegración y acompañamiento psicológico para migrantes forzados y víctimas de explotación y facilitar su acceso a la justicia internacional; y movilizar a gobiernos, ONG y organismos internacionales para prevenir la migración forzada y no convertirla en “negocio de narcoestados”.