Así lo señaló en una entrevista publicada este martes por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) dentro de la serie ‘El Sillón de la Europa Social’, en la que analizó el funcionamiento del fondo comunitario y los retos de su financiación en el próximo periodo presupuestario europeo.

Tussy advirtió de que la nueva arquitectura presupuestaria de la UE podría hacer que las políticas sociales y de empleo perdieran peso frente a otras prioridades de los Estados. “El cambio fundamental es que el Fondo Social Europeo puede desaparecer como fondo”, alertó, al señalar el riesgo de que deje de invertirse en estos ámbitos si los gobiernos destinan los recursos a otras necesidades.

La responsable de Fundación ONCE defendió la continuidad del modelo español de gestión de programas europeos especializados a través de entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas, Fundación Secretariado Gitano y Fundación ONCE, vigente desde el año 2000.

Según explicó, una evaluación conjunta de estas cuatro organizaciones concluye que cada euro invertido en estos programas genera un “retorno cercano a tres euros”, a través de impuestos, cotizaciones sociales, ahorro para las administraciones y activación económica. Por ello, sostuvo que estas políticas constituyen no solo una herramienta de justicia social, sino también una inversión rentable.

La directora de Programas Europeos destacó el impacto de las iniciativas de formación y empleo en personas con discapacidad intelectual o del espectro del autismo, mujeres con discapacidad víctimas de violencia y personas con discapacidad psicosocial, que encuentran oportunidades para mejorar su autonomía, acceder al mercado laboral y desarrollar una vida independiente.

Para garantizar la continuidad de estos programas, Tussy planteó tres condiciones: mantener la entidad propia del Fondo Social Europeo dentro de los planes nacionales y regionales, asegurar una dotación presupuestaria identificable con un reglamento específico y preservar una gestión especializada. Asimismo, reclamó la “participación efectiva de las organizaciones sociales en la definición de prioridades, la ejecución de los programas y la evaluación de sus resultados”.

La entrevistada subrayó que la negociación del próximo presupuesto europeo debe garantizar recursos suficientes para la inclusión, objetivos explícitos en materia de discapacidad y una intervención real de la sociedad civil, con el propósito de “preservar los avances alcanzados en las últimas décadas”.

La entrevista forma parte del proyecto del Cermi ‘40 años de España en la Unión Europea construyendo la Europa social’, impulsado con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la iniciativa Hablamos de Europa.