En el recurso, Murillo señala que Alvarez Cascos acusó a Gonález de haber "orquestado" los GAL con "gente de su confianza", por lo que, en su opinión, "existe un conocimiento si no directo, sí indirecto o de referencia de los hechos que se investigan en la causa".

A su juicio, las manifestaciones del vicepresidente no son "simples opiniones o apreciaciones o crítica política", como sostuvo el fiscal del caso, que se opuso a la comparecencia de Alvarez Cascos, "sino que se acusa a D. Felipe González Márquez de ser el responsable de 28 asesinatos ejecutados con ecursos procedentes de fondos reservados del Estado".

Añade que los delitos a que hizo referencia Alvarez Cascos "nos parecen lo suficientemente graves para que una persona sea citada a declarar en calidad de testigo", y precisa que el vicepresidente puede hacerlo por escrito o ratificarse en sus declaraciones públicas.

"La declaración del sr. Alvarez Cascos puede proporcionar a esta parte elementos básicos en que fundamentar la defensa de su representado", insiste Murillo, quien concluye diciend que la jurisprudencia declara que se puede prescindir de la prueba testifical que resulte objetivamente innecesaria, "caso en el que no nos encontramos, ya que se está hablando de 28 asesinatos".