Los magistrados se reunieron esta tarde para fijar la fecha de inicio del juicio y establecer los testigos y las pruebas documentales que debían tener cabida en el juicio oral, una vez vistas y estudiadas las solicitudes de todas las partes personadas en el procedimiento.

Al final de la reunión, el presidente de la Sala Segunda, José Jiménez Villarejo, aseguró ante los periodistas que "la mayoría de las pruebas han sido admitidas", pero, aparte de alguno datos generales, aseguró que no recordaba todo lo acordado.

Las defensas de los principales procesados en este caso, el ex ministro de Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, solicitaron que se citara, en calidad de testigos, al presidente del Gobierno, José María Aznar y al vicepresidente Alvarez Cascos, entre otros políticos.

La Sala, de la que es ponente el magistrado Joaquín Delgado, negó la posibilidad de que se citara a Aznar como testigo, si ben aceptó que comparezca Alvarez Cascos, tras sus declaraciones de supuestas reuniones con el abogado de dos de los procesados, concretamente los ex policías Amedo y Domínguez.

CORCUERA Y ELIGIO HERNANDEZ

Además de los anteriores, el Supremo ha acordado que deben comparecer en calidad de testigos el ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández y el ex ministro de Interior José Luis Corcuera, ambos a petición de la defensa de Rafael Vera.

También pasarán por el Alto Tribunal los generales Saen de Santamaría, Aramburu Topete, Manglano y Alcalá Galiana, todos ellos ubicados en puestos de mando en la época en la que sucedieron los supuestos hechos delictivos. Junto a ellos, comparecerán el ex agente del Cesid Juan Alberto Perote y el ex director general de la Policía Luis Roldán, ambos actualmente en prisión por diversas utilizaciones delictivas de sus respectivos cargos.

Respecto a políticos, serán citados por el Supremo los socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Ramón Jaúregui y José Mara Benegas, además del ex ministro de Defensa, Narcís Serra.

En cuanto a las comisiones rogatorias solicitadas por algunas defensas, el propio Jiménez Villarejo aseguró que se había aceptado la que debe dirigirse a Francia para solicitar el auto original por el que las autoridades galas liberaron a los policías españoles que participaron en estos hechos, y negó que se fuera a remitir una que se había solicitado a Suiza sobre datos económicos.

Fuentes del Tribunal Supremo informaron a Servimedia qu las sesiones del juicio se realizarán en horario de mañana durante tres días a la semana, casi con toda seguridad de lunes a miércoles, y que el juicio no se alargará más allá de un mes y medio, si bien el Supremo tiene previsto habilitar algún mes de verano, si fuera preciso, antes de decidir que pueda interrumpirse la vista oral.

El "caso Marey" es el primero de los grandes sumarios desgajados del "caso GAL" que va a juzgarse. En el se acusa a doce personas de haber secuestrado al ciudadano francésSegundo Marey, que fue confundido con un etarra al que se pretendía extorsionar, hecho que fue reivindicado por los GAL con una carta que apareció en la chaqueta del secuestrado.

El fiscal del caso pide 23 años de prisión para los principales inculpados, el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, a quienes acusa de delitos de detención ilegal, pertenencia a banda armada y malversación de fondos publicos.

El resto de procesados son el ex responsable de los socialista vizcaínos, Ricardo García Damborenea, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancritóbal, el ex jefe superior de la Policía de Bilbao, Francisco Alvarez, el ex jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, los ex policías José Amedo y Michel Domínguez y los también policías Luis Hens, Julio Hierro, Juan Ramón Corujo y Francisco Sainz Oceja.

En los próximos días se dará a conocer oficialmente la decisión del Alto Tribunal, donde constará los días en los que comparece cada uno de lo testigos y el orden que tendrá el juicio.