El magistrado Carlos Bueren, que sustituye a Baltasar Garzón durante sus vacaciones, pidió ayer a la representación jurídica del Estado que especificase en calidad de qué pretendía personarse la Administración en este sumario.

Según el escrito difundido por RNE, el abogado del Estado reitera que con la personación "se pretende defeder los intereses de la Administración del Estado".

Para ello, la acusación se referiría en materia penal al delito de malversación de fondos públicos que el juez Garzón imputa a los implicados, todos ellos funcionarios públicos, como altos cargos del Ministerio de Interior que fueron.

En cuanto a las acciones civiles, la Abogacía del Estado podría exigir a los implicados una indemnización por daños y perjuicios, "por haber lesionado los intereses y la imagen pública de la Administración".

Cando el abogado del Estado tenga acceso al sumario podrá concretar más su posición frente a los imputados y quizá se vea obligado a ejercitar además de esta acusación su propia defensa si el juez Garzón decide decretar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado frente a las hipotéticas indemnizaciones que corresponderían a las víctimas de las actuaciones de los GAL.