El portavoz de JpD, José Antonio Alonso, manifestó a Servimedia que la Constitución prohibe las medidas de gracia de carácter general. "Con la Constitución en la mano, no es posible en absoluto una medida de este tipo", señaló.

Alonso preguntó a los letrados del 'caso GAL' si con esa petición de amnistía insinúan que "toda la investigación que se está llevando de los crímees de Estado es agua de borrajas" y que "va a quedar en nada por una cuestión meramente política".

A su juicio, un indulto general en el 'caso GAL' sería "inasumible", porque supondría desementir el propio Estado de Derecho.

Rechazó que, como dijo ayer el abogado de Julián Sancristóbal, José María Stampa Braun, "en el estado de inseguridad jurídica actual cabe de todo", ya que estamos en un Estado democrático, que no permite la impunidad de los atentados contra la vida y contra las libertades, se cual sea su procedencia.

Respecto a las palabras del coordinador general de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, que acusó al juez togado militar Jesús Palomino, que investiga el escándalo de las escuchas del Cesid, de "haber obedecido órdenes" y de ser "instrumento del Ejecutivo", Alonso señaló que estas declaraciones son producto de la libertad constitucional de crítica, si bien recordó que ésta "tiene sus límites".

"El límite está en que el sujeto que diga estas cosas, Anguita o quien sea, tine que estar absolutamente seguro de lo que dice, porque la imputación es bastante seria", declaró. "Si alguien duda de la imparcialidad de los jueces, tiene que probarlo".

Por otro lado, Alonso expresó su "absoluta repulsa" a las amenazas de ETA contra los jueces, difundidas en un boletín interno de la banda terrorista, y aseguró que este intento de coacción no impedirá que los magistrados sigan actuando conforme dictan las leyes. "Los jueces van a aplicar las leyes, con amenazas de ETA o sin ellas",dijo.

AMNISTIA INVIABLE

Por su parte, el presidente de la APM, Ramón Rodríguez Arribas, manifestó a Servimedia que no es viable una amnistía como la sugerida por los abogados del 'caso GAL'.

Explicó que las amnistías normalmente se aplican en países que sufren una modificación de su estructura política, de forma que conductas que antes eran delictivas dejan de serlo. A juicio de Arribas, "esta situación no encaja en un momento de normalidad institucional como el que tiene España".

Sobre la palabras de Stampa Braun, Arribas indicó que se trata de declaraciones "comprensibles" dentro del ejercicio del derecho de defensa, si bien rechazó que en España exista inseguridad jurídica.