El primero en llegar a la Audiencia Nacional fue el ex agente del CESID, quien accedió sobre las 11 horas de la mañana al edificio judicial junto con su abogado, Jesús Santaella.

Perote tan sólo permaneció una media hora en el juzgado de Garzón, en cuya secretaría le fue notificado en persona el auto por el que el juez Garzón le impone la obligación, al igual que a Manglano, de cmparecer los días 1 y 15 ante la Audiencia Nacional.

Al término de la diligencia, el abogado de Perote anunció que en los próximos días interpondrá un recurso de reforma contra el auto del juez Garzón, para lo que dispone de plazo hasta el próximo lunes.

Por su parte, el teniente general Manglano accedió a la Audiencia Nacional sobre las 13,30 horas por el garaje a bordo de un vehículo con los cristales tintados, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones que tuvo que comparecer ante el juez Gazón.

El ex responsable del CESID escuchó también de boca de los funcionarios del juzgado de Garzón las imputaciones que le hace el magistrado en el auto con el semblante muy serio, según fuentes judiciales, que precisaron que el abogado de Manglano, Luis Rodríguez Ramos, que asistió con él a la diligencia, anunció también la interposición de un recurso.

Al término de la comunicación del auto, lo que se prolongó también por espacio de una media hora, Manglano volvió a abandonar por el garaje la Auiencia Nacional en su vehículo, por lo que no pudo ser abordado por los informadores.

Además de las comparecencias periódicas ante la Audiencia Nacional, el juez Garzón también ha impuesto la obligación a Perote y Manglano de comunicarle sus domicilios y les ha prohibido abandonar el país sin autorización expresa del juzgado.

Fuentes judiciales señalaron que esta última medida no ha supuesto la retirada de los pasaportes a ambos ex responsbles del CESID dado que el juez Garzón no teme que puedan ludir la acción de la justicia, aunque el magistrado ha notificado a la Secretaría de Estado de Interior la prohibición para que adopte las medidas oportunas.

En el auto, el juez Garzón imputa a Perote y Manglano un presunto delito de colaboración con banda armada, ya que les acusa de desarrollar "una serie de actuaciones en beneficio o para facilitar las acciones de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)".

Según el magistrado, el ex director del CESID di órdenes a Perote para que realizase una serie de acciones en favor de los GAL, entre las que cita la elaboración del denominado 'acta fundacional' de los GAL, una nota de despacho sobre el inicio de activididades en el sur de Francia contra ETA por miembros de las fuerzas de seguridad y mercenarios, así como un sello de caucho con las siglas de los GAL.

El juez Garzón considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de colaboración con banda armada, ya que la actuación de Maglano "impartiendo órdenes" y de Perote "cumpliéndolas integran objetiva y subjetivamente, aunque en forma presunta, el ilícito que se describe al haber realizado actos tendentes a favorecer y facilitar las actividades delictivas de los Grupos Antiterroristas de Liberación".