"Si Felipe González obliga a Suárez Pertierra a no entregar a Garzón los documentos que oran en poder del CESID, el ministro debería dimitir. No podemos tener un ministro de Defensa que obstruya la investigación judicial sobre atentados tan horribles y graves como los cometidos por los GAL", explicó Romero.

A su juicio, el ministro de Defensa no se puede amparar en la Ley de Secretos Oficiales para mantener esos documentos en los archivos del CESID y negarselos a la justica, ya que "no hay ningún secreto oficial ni ninguna seguridad del Estado que esté por encima de las investigaciones juiciales en materia de delitos".

"Estamos ante la prueba del algodón para ver hasta donde llega la independencia jurídica en España", advirtió Romero, quien agregó que es inadmisible ocultar a la justicia posibles pruebas que demuestren que se ha llevado a cabo "terrorismo de Estado" en la lucha contra ETA.