Así lo trasladó García Martín durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando se le preguntó cómo afectarán a las competencias de la Comunidad de Madrid las medidas contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

A su juicio, “todo comenzó con la Ley de Amnistía, que es la ley más corrupta de la historia de la democracia; una ley que amnistió a aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña”. Después, con “una ley que registró el grupo parlamentario socialista, con un nombre que es toda una declaración de intenciones: ‘Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales’.

“Es decir, yo se lo voy a traducir, era una suerte de amnistía preventiva para la mujer del presidente del Gobierno, para el fiscal general, del presidente del Gobierno y para toda la corrupción del sanchismo tanto en el partido como en el Gobierno. La ley de reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal es una ley que destruye los principios de mérito y capacidad consagrados en la Constitución española para colocar a jueces afines, para que no se investigue la corrupción que nos ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez”, lanzó.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, a su parecer, es una ley que “pretende quitar la instrucción a los jueces para dársela a los fiscales y, en un contexto como el actual, donde la Fiscalía se ha convertido en un apéndice del Palacio de La Moncloa, lógicamente nada puede preocupar más a todos y cada uno de los españoles”.

Asimismo, la Ley de Eficiencia de la Justicia, que ahora cumple un año, es “una ley que ni era de eficiencia ni ha dotado de medios a la justicia, es una ley que ha retrasado y ha encarecido el acceso a la justicia de todos y cada uno de los ciudadanos y que ha convertido en un auténtico caos todos y cada uno de los tribunales de instancia de nuestro país”.

Ahora presentan una Ley de Integridad Pública una Ley Orgánica con la cual pretenden entre otras cosas “crear una agencia independiente de integridad pública”. “Ya sabemos lo que significa, independiente para el sanchismo, es decir, que una vez colocado el correspondiente comisario sanchista será una agencia que tratará de hacer una investigación prospectiva de todos los gobiernos donde esté el Partido Popular y, por supuesto, tratará de tapar los casos de corrupción del sanchismo, que es para lo que se crea esta agencia supuestamente independiente”, criticó.

El consejero incidió en que será “una agencia y una ley que será un salvoconducto para la corrupción del sanchismo”. “Es una ley que consagra prácticas opacas fraudulentas y corruptas como la de Sevinabar de Santos Cerdán. Una ley que sustituye, por ejemplo, la escritura pública ante notario en la transmisión de participaciones de una sociedad por un documento privado electrónico”, expuso.

Es decir, el consejero detalló que se trata de “una ley que pretende dejar ciego a la UCO, a la UDE, a los jueces, a los fiscales, para que no tengan herramientas, para que no investiguen”. “La España de Pedro Sánchez, la España que anhela para el año 2035, es una España sin contrapesos, una España sin controles y una España donde la corrupción siga campando a sus anchas”, zanjó.