García Ortiz hizo estas manifestaciones durante unas jornadas de fiscales de lo civil celebradas en Córdoba y en las que estuvieron presentes fiscales de toda España. En su discurso, el Fiscal General se decidió a “hacer un pequeño comentario, quizá al margen de estas jornadas, pero para que quede claro. Quiero dejar muy claro a todos los fiscales, que siempre tendréis al Fiscal General del Estado al frente y en defensa de la carrera”.

Y añadió tras ser confirmado en su puesto que “el Fiscal General del Estado, que yo y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre”.

Este respaldo, siguió diciendo, “tiene que servir de instrumento en el ejercicio de nuestra función constitucional para que todos y todas las fiscales de España estén tranquilos y que lo estén en todos sus ámbitos de actuación”.

La labor de García Ortiz se ha puesto en entredicho en estas últimas semanas a consecuencia del debate en la justicia sobre la ley de amnistía. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha forzado la convocatoria de un Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre la iniciativa legislativa del PSOE.

Además, un grupo de 18 fiscales del Tribunal Supremo (TS) dirigieron una carta al Fiscal General en la que le criticaban por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del 'procés' frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ o guerra judicial.

En la misiva, los fiscales firmantes de la Sección Penal del alto tribunal mostraban su “decepción” por “la falta de voluntad” de García Ortiz “de salir al paso de las injuriosas insinuaciones” sobre la actuación de los fiscales Ismael Moreno, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal.

García Ortiz remitió una comunicación el pasado día 16 a toda la carrera fiscal en la que manifestaba que solo se pronunciará sobre la ley de amnistía, y desde un punto de vista “técnico-jurídico”, cuando entre en vigor, al entender que debe evitar “cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado”.

Además, insistió en que debía “mantener una posición pública” imparcial, garantizando que velaría por “la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas”.