Las sentencias del Tribunal Supremo no son recurribles, pero existe la posibilidad de que Gacía Ortiz presente un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales firmes que rara vez prospera porque es el propio Supremo el que lo resuelve.

Al margen de esa vía, el exfiscal general podría presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. Tiene 30 días para presentarlo a partir de la publicación de la sentencia

Tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, pero en los últimos tiempos hay ejemplos como la anulación de las condenas ratificadas por el TS a varios condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

García Ortiz también podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, para que pedirle que verifique si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.

Fuera ya de las distintas instancias en tribunales, el exfiscal general del Estado podría solicitar un indulto que se tramita a través del Ministerio de Justicia. La base para hacer esta petición serían los dos votos particulares presentados por las magistradas Carmen Lamela y Susana Polo, que defienden la absolución por falta de pruebas.

El indulto es una decisión del Poder Ejecutivo que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros tras analizar todos los informes sobre el caso que debe recopilar el Ministerio de Justicia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a las penas de dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y multa de 7.200 euros, además de a pagar una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.