Así lo defendió durante su participación en la clausura del acto de presentación del informe sobre ‘Publicidad, alimentación y derechos de la infancia en España’, elaborado por la Gasol Foundation, y en el que consideró que dicha norma “podría haberse aprobado sin ningún problema, pero no ha habido suficiente voluntad política” para hacerlo.

“Y es una pena”, sentenció, convencido de la necesidad de “seguir peleando” y de que “toda la gente concienciada con esta cuestión va a seguir peleando porque es absolutamente necesario y, al final, se conseguirá”.

El titular de Consumo se mostró “muy satisfecho” de la “batalla” que su departamento ha dado “desde el punto de vista normativo, aunque no se haya terminado de aprobar" dicha norma, así como "desde el punto de vista comunicativo, para que la gente sea consciente cada vez más de estas cuestiones”.

“Pero, de momento, hay que reconocerlo, ha sido insuficiente para vencer esas resistencias que se encuentran, desde luego en el ámbito del mercado, pero que extienden sus tentáculos a otros lugares institucionales”, advirtió, al tiempo que valoró el “apoyo” recibido por su gabinete para “sacar adelante determinadas políticas públicas coherentes con proteger muy particularmente a la población más vulnerable, que es la población infantil” frente a la “inundación” de publicidad de este tipo de productos.

CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN

Tras subrayar que los códigos de autorregulación “tienen cosas positivas, porque, para empezar, diagnostican o ponen el foco en que existe un problema y han permitido durante 15 años que algunas empresas hayan ido mejorando sus componentes nutricionales para que estos datos no fueran mucho peores”, puntualizó que dichos códigos “no funcionan al nivel” que al Ejecutivo le “gustaría” para “proteger a la infancia”, por lo que abogó por la vía de la “regulación”.

En este punto, reivindicó que las políticas públicas implementadas en este ámbito por el Gobierno de coalición “han aportado cosas positivas”, como la redacción de dicho real decreto que, recordó, “está escrito y desgraciadamente no ha podido activarse ni entrar en vigor, pero es el resumen y la condensación de toda la evidencia científica trasladada a política pública para intentar corregir este vector”.

“Tampoco seamos ingenuos, un real decreto no va a resolver un problema complejo como este, pero va a contribuir a que se obtenga su solución o a que transitemos de una manera mucho más rápida hacia esa solución”, abundó, convencido de que dicho documento “tiene que quedar como experiencia para los investigadores", pero también para los futuros gobiernos "que puedan aprobarlo definitivamente para mejorar la calidad de vida de la población”, tomándolo como “base de trabajo”.

Con todo, urgió a “hablar del elefante en la habitación”, convencido de que, si dicha normativa no se ha aprobado hasta ahora, “con toda la abrumadora evidencia científica que existe”, es también porque “hay choques de intereses” en un mercado en el que hay "agentes" que venden este tipo de productos cuyo "consumo excesivo", recordó, "la ciencia ha declarado que es malo y perjudicial para la salud” y tiene unas “consecuencias muy lesivas”.

“Hay un choque de intereses y, en mi opinión, los gobiernos no podemos ser árbitros, tenemos que preferenciar y anteponer la salud pública y la salud de los menores”, apostilló, para considerar “un drama” que, en un país que “tiene por bandera una dieta coherente con lo que es necesario para proteger la salud de los niños, no estemos haciendo todavía más para evitar que sea desplazada por patrones de hábitos y consumo con exceso de nutrientes muy alejados de los que corresponderían al plato propio de una dieta mediterránea”.

“Somos un país que tiene como bandera la dieta mediterránea, pero el consumo de frutas y verduras es uno de los más reducidos a nivel medio de toda la Unión Europea y esto es algo que tenemos que ser capaces de ir corrigiendo”, sentenció, al tiempo que urgió a ser “ambiciosos” y dijo esperar que, con “empuje”, sea posible "vencer esa correlación de fuerzas y esas resistencias que han impedido que un real decreto tan necesario no haya podido ser aprobado”.

A este respecto, lamentó que “parece que tener razón no es suficiente”. “Hay una serie de poderes enfrentados a la razón, poderes sin ningún tipo de razón científica, que tienen mucha fortaleza y capacidad de influenciar el debate público y tenemos que ser capaces colectivamente de vencerles”, resolvió.