Lissavetzky extendió las responsabilidades, además de al presidente regional, al consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez, y al director general de Industria, Leopoldo del Pino, a los que acusó de ser incapaces de "decirnos si ha habido fraude o no".

Por otro lado, informó que el PSOE propondrá una serie de medidas para su discusión en la Cámara regional. Primero, la comparecencia de Blázquez para dar explicaciones de este caso. Luego, una Ley de Defensa de Consumidor que, además de regular este y otros sectores, contemple mayores multas y el cierre de las instalaciones que defrauden a los ciudadanos.

El PSOE propondrá asimismo la creación de una Fiscalía de Consumo, ya existente en Andalucía, y no descarta pedir la convocatoria de la Diputación Permanente de la Asamblea, en periodo vacacinal hasta febrero.