Este dato lo ha aportado el Gobierno en una pregunta escrita enviada al Gobierno y recogida por Servimedia, en la que la parlamentaria del PP María Teresa Ruiz-Sillero se había interesado por esta cuestión.

En concreto, esta senadora había preguntado por “cuántas garrafas de gasolina han sido encontradas por la Guardia Civil en las playas de La Barrosa y de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, en el año 2024, 2025 y 2026”.

A este respecto, el Ejecutivo responde que en 2024 se intervinieron en estas dos playas gaditanas 77.050 litros de combustible y que en 2025 fueron 41.400 litros. En 2026 no había habido intervenciones hasta el 11 de marzo.

NARCOLANCHAS DE GRAN CONSUMO

En este sentido, el litoral gaditano afronta desde hace años el fenómeno del ‘petaqueo’, que se trata de una actividad de apoyo logístico al narcotráfico consistente en el suministro de combustible a las narcolanchas que operan en aguas del Estrecho de Gibraltar. Quienes la practican, utilizan embarcaciones menores de recreo o semirrígidas para trasladar bidones y garrafas de gasolina hasta alta mar.

La función de los ‘petaqueros’ resulta esencial para las redes de tráfico de hachís y, de forma creciente, también de cocaína. Las narcolanchas, embarcaciones de alta velocidad prohibidas en España desde 2018, consumen enormes cantidades de combustible -se estima que cada motor de unos 300 caballos gasta entre 120 y 130 litros por hora- y necesitan repostar sin acercarse a puerto para eludir los controles policiales.

La tragedia de Barbate, donde en febrero de 2024 una narcolancha embistió y mató a dos agentes de la Guardia Civil, puso de relieve la magnitud del problema y la impunidad con la que operaban estas estructuras auxiliares del narcotráfico. Asociaciones profesionales como AUGC y Jucil denuncian desde entonces que la situación no ha mejorado y que el avistamiento de lanchas de abastecimiento sigue siendo habitual en las costas de Cádiz.

La respuesta judicial ha ido ganando contundencia. La Audiencia Provincial de Cádiz abrió una vía penal al aplicar el artículo 568 del Código Penal -tenencia y transporte de sustancias inflamables- contra un detenido que portaba más de 5.000 litros de gasolina. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reforzó ese criterio al considerar que esta actividad constituye un delito castigable con penas de entre cuatro y ocho años de prisión.