Así consta en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que presentó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

De este modo, la dotación presupuestaria de 2023 para prestaciones del Fogasa, organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas son insolventes o están en concurso de acreedores, alcanza los 831 millones, aumentando en un millón en comparación con el presente ejercicio.

Asimismo, los PGE explican que el Fogasa recibirá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) un millón de euros destinado a la digitalización de los procesos relativos a la gestión de las prestaciones de garantía salarial.