Así lo precisó en un comunicado en el que el Observatorio Estatal se “congratula” de que el Estado “ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad como prioridad institucional” y lo haga “legislando nuevos derechos, simplificando procedimientos y aportando financiación”.

Tras celebrar que la nueva ley asume el “compromiso tan demandado” de que el Estado cubra el 50% de los gastos del sistema, la asociación valoró que también simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos con la pasarela de discapacidad a dependencia.

Asimismo, destacó que amplía nuevos perfiles de cuidadoras, posibilita la compatibilidad de servicios y da carácter legal a que la teleasistencia tenga carácter universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su domicilio.

En este contexto, advirtió de que la “prioridad” deben ser las personas que se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y compatibilizarlos.

“Y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias”, abundó.

"RETO" PARA LAS AUTONOMÍAS

En paralelo, señaló que el “reto” es que las comunidades autónomas sean capaces de establecer procedimientos “más ágiles”, para que “no ocurra como con el incremento de financiación estatal que supuso el plan de choque en 2022, que nueve comunidades disminuyeron el presupuesto propio para la dependencia”.

A su vez, hizo hincapié en que, tras más de una década reivindicando que las ayudas de emergencia o urgencia social “no tuvieran el carácter de subvenciones y se tramitaran como prescripción social facultativa”, expresó su “satisfacción” por el hecho de que, “por fin, se modifique la ley 30/2003 General de Subvenciones añadiendo la letra j a las excepciones que establece su Art. 2.4”.

“Se evitará, con ello, el laberinto burocrático del procedimiento como subvenciones, para ayudas de una media anual de 272 euros por ayuda. Laberinto estigmatizante y excluyente que viene afectando a más de un millón de personas usuarias de servicios sociales”, añadió, al tiempo que destacó también la consideración de los servicios sociales como “servicios esenciales”.

La asociación dijo confiar en que la ley, con dotación presupuestaria “efectiva” y con una gestión “ágil” por parte de las comunidades, alcance su “pleno cumplimiento”.

“Porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y de sus familiares, 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación. Por cohesión territorial y lealtad institucional”, concluyó.