Folgado hizo estas declaraciones a los periodistas tras comparecer como testigo ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera".

Folgado había sido citado a petición de la acusación particular que ejercen varios diputados socialistas. Su abogado quiere que Folgado explque qué instrucciones dió, como presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para que se investigasen las 163 las cuentas opacas que Gescartera tenía en el HSBC de Suiza.

El actual secretario de Estado de Energía explicó que el Banco de España ordenó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que investigara las 138 cuentas de Gescartera de la que se tenía constancia.

Durante esa investigacin, el Servicio de Inspección descubrió otras 25 cuentas ya cerradas, aunque en distintas fechas. La mitad de las mismas no habían tenido movimiento patrimonial.

Folgado aseguró que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias procedió de oficio, porque la legislación lo permite y es una entidad con autonomía plena, a investigar estas 25 cuentas.

Así, el citado Servicio Ejecutivo pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera en Suiza que le rmitieran el nombre de los titulares finales de las 163 cuentas. Las autoridades de aquel país respondieron que sólo podían facilitar dicha información a través de una comisión rogatoria solicitada por España.

La juez Palacios también tomó declaración como testigos a otras dos personas más, Peter Atkins, directivo del HSBC, y Robertos Santos, socios de Asesores 2000. La comparecencia del financiero iraní Massoud Zandi quedó aplazada al próximo 11 de julio.

Según informaron fuentes jurídicas, PeterAtkins manifestó a la juez Palacios que no podía revelar los nombres de los titulares de las 163 cuentas que Gescartera tiene en Suiza porque la legislación británica sobre secreto bancario se lo prohibe.

Por su parte, Roberto Santos declaró a la magistrada que era proveedor de suministros de algunas empresas de Gescartera y que invirtió pequeñas cantidades en la citada agencia de valores, hasta llegar a un total de 200 millones de pesetas, pero que perdió dinero.

Además, aseguró que todo en Gescrtera estaba regularizado, que era fiscalmente transparente y que nunca fue prestamista de la citada agencia de valores, según las mismas fuentes jurídicas.

Santos negó conocer unos cheques por valor de 30 y de 20 millones de pesetas en los que aparecía su nombre. En este sentido, dijo que no ha recibido dinero alguno de Gescartera.

Según la declaración prestada por el dueño de Gescartera y principal imputado en la causa, Antonio Camacho, Asesores 2000 aportó a la citada agencia de valores un totl de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) desde 1999.

Este caso saltó a la luz en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que se trata e esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.