Gestha reclamó equiparar las nuevas penas por cohecho a las empresas condenadas por corrupción en transacciones internacionales, extender la prohibición de contratar con el sector público a delitos de prevaricación administrativa o el fraude de funcionarios.

Por otro lado, los técnicos de Hacienda valoraron de forma positiva la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como institución central para coordinar la lucha contra la corrupción.

Gestha pidió que la Oficina de Conflictos de Intereses lleve un Registro Público de Grupos de Interés para conocer la identidad de los lobistas y sus relaciones con los responsables públicos, cuya inscripción en el registro podrá revocarse en los casos más graves.

En este contexto, los técnicos instaron a un acuerdo parlamentario que acelere la tramitación de la ley de los ‘lobbies’ y prohíba las “puertas giratorias” para garantizar el interés general. Gestha señaló que el principal problema es la insuficiente transparencia en las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos.

BLANQUEO DE CAPITALES

Los técnicos de Hacienda también se pronunciaron sobre el proyecto de ley que incorporará a la sexta directiva antiblanqueo y la directiva que facilita el acceso a los registros de cuentas bancarias.

Estas directivas forman parte del paquete antiblanqueo de la Unión Europea, cuyo plazo de trasposición termina el 10 de julio de 2027, salvo para poner en vigor los registros centrales de titularidad real y su acceso, previsto para este mes de julio.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda recordaron que el paquete europeo incluye tres reglamentos de aplicación directa, entre cuyas medidas clave está el control en la transmisión de la propiedad de participaciones de una entidad jurídica, prohíbe a las sociedades emitir acciones al portador, y permite realizar comprobaciones e inspecciones in situ en los domicilios sociales de las entidades para determinar la titularidad real.

Los técnicos señalaron que no ven que se diluya la lucha contra el blanqueo por sustituir la escritura pública notarial por documentos privados electrónicos para la transmisión de participaciones sociales.

En su opinión, queda bajo el escrutinio de las normas antiblanqueo, mediante un Control de Diligencia Debida activando medios de identificación electrónica de confianza cualificados, con independencia del importe de la operación que debe registrarse en un plazo de 28 días naturales.