Gestha abogó por inspirarse en el Código de Conducta de las Cortes Generales que prohíbe aceptar obsequios, regalos, favores, invitaciones o viajes por valor superior a 150 euros.

El Código de Conducta de las Cortes Generales incluye un protocolo específico para gestionar y publicar los obsequios recibidos por diputados y personal institucional. Esta medida busca garantizar la transparencia y prevenir posibles intentos de influir en la conducta parlamentaria.

Asimismo, los técnicos de Hacienda lamentaron que la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno continúe recogiendo conceptos jurídicos indeterminados, como los "usos habituales, sociales y de cortesía", ya que permiten la aceptación de regalos, puesto que la interpretación puede variar en función del contexto cultural, social o geográfico en el que se produzca la entrega del obsequio.

Gestha precisó en un comunicado que un regalo habitual o protocolario en un determinado país puede tener un valor económico muy elevado según los estándares españoles. Esta indeterminación dificulta la aplicación homogénea de la norma, genera inseguridad jurídica y puede afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por este motivo, los técnicos de Hacienda consideran necesario promover una reforma que permita objetivar los criterios y umbrales cuantitativos aplicables a la aceptación de regalos por parte de cargos públicos y altos responsables institucionales, autoridades y empleados públicos.

150 EUROS

Los técnicos pidieron modificar en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno un umbral de 150 euros a partir del cual cualquier regalo, obsequio o cortesía recibido en el ejercicio del cargo pase a integrarse en el patrimonio público, con independencia de las costumbres o prácticas protocolarias existentes en el país de origen de quien lo entrega.

También propusieron que el conocimiento de los regalos sea de acceso público en la web de cada institución estatal, autonómica y local, con indicación de la fecha, valor estimado, persona o entidad que regala y destino personal o al patrimonio de la administración pública de que se trate.

Por otro lado, Gestha instó a modificar de forma equivalente e incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial el principio 28 del Código Ético para la Carrera Judicial, que en la actualidad recomienda que los jueces no deben aceptar regalos o consideraciones que excedan las convenciones sociales y que no pongan en riesgo su apariencia de imparcialidad.

Por último, los técnicos de Hacienda pidieron modificar el Artículo 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, para que se limiten a 150 euros los regalos percibidos por funcionarios y trabajadores de cualquier administración pública.

“La transparencia no puede descansar exclusivamente sobre conceptos abiertos o valoraciones subjetivas”, defendió Gestha en su comunicado, al tiempo que subrayó la necesidad de contar “reglas claras, objetivas y verificables” para proteger la integridad institucional.

Los técnicos consideran que el refuerzo de estos mecanismos contribuiría a fortalecer la confianza, prevenir conflictos de interés y consolidar los estándares de buen Gobierno que exige una democracia avanzada.

TRIBUTACIÓN DE LOS REGALOS

Asimismo, recordaron que los regalos de valor relevante deben incluirse en la declaración del Impuesto de Donaciones. Además, al provenir de personas sin relación de parentesco, la tributación podría situarse en una horquilla muy elevada si el valor del regalo es muy alto.

También precisaron que corresponde hacer una declaración por el valor de los regalos que haga cada persona, por lo que se debe declarar tantas veces como personas diferentes regalen en el plazo de un mes desde que se reciben, prescribiendo a los cinco años la posibilidad de liquidarlas por las administraciones tributarias autonómicas.

Gestha reclamó un impulso definitivo a las reformas legales necesarias para garantizar que las decisiones públicas respondan exclusivamente al interés general y lamentó la opacidad que rodea determinadas relaciones de los responsables públicos.

Entre las medidas para regular la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés en España, Gestha habló de ampliar el régimen de responsabilidad de los gestores públicos para establecer unas obligaciones equivalentes de transparencia, así como fortalecer los órganos de control y supervisión, tanto externos como internos (Tribunal de Cuentas y Cámaras de Cuentas de las comunidades autónomas, así como la Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control interno de comunidades autónomas y entidades locales).