Gestha planteó esta modificación después de que el Congreso rechazara la semana pasada, por segunda vez, los objetivos de déficit presentados por el Gobierno para la elaboración de las cuentas públicas de 2027. A pesar de que la Cámara Baja tumbó la senda, Hacienda proseguirá la elaboración de los PGE con los objetivos comprometidos con Bruselas en el Plan Estructural Fiscal de Medio Plazo (Pfemp).

Los técnicos del Ministerio de Hacienda recordaron que la Ley Orgánica prevé que, tras un primer rechazo, el Gobierno remita una nueva propuesta de los objetivos en el plazo máximo de un mes, pero la norma no precisa las consecuencias de un segundo rechazo como el producido la semana pasada.

A este respecto, Gestha recordó que la Abogacía del Estado concluyó en un informe de 2023 que el rechazo de los objetivos fiscales no impedía al Gobierno presentar los Presupuestos. Aunque el informe respondía a cómo proceder en 2024, tras la reactivación de las reglas fiscales, a juicio de los técnicos de Hacienda contiene criterios interpretativos que pueden proyectarse al Presupuesto de 2027, al no tener objetivos aprobados.

Así, el proyecto debería ajustarse a los límites del artículo 135 de la Constitución y al Programa de Estabilidad valorado favorablemente por el Consejo de la Unión Europea. No obstante, los técnicos de Hacienda señalaron que no hay consenso en esta interpretación, pues un sector doctrinal mantiene que la aprobación parlamentaria prevista en el artículo 15 de la Ley Orgánica es un requisito previo para elaborar el proyecto presupuestario.

Frente a esta controversia, Gestha consideró esencial contar con una respuesta normativa clara y expresa en la Ley Orgánica. Asimismo, secundó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en que la presentación anual de los proyectos de PGE refuerza la calidad institucional, la transparencia, la supervisión fiscal y la rendición de cuentas.

El presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, detalló que, si la regulación no se reforma y se aprueba una Ley de Presupuestos en estas condiciones, la cuestión podría llegar al Tribunal Constitucional, que tendría que determinar si la aprobación de una Ley de Presupuestos sin la previa aprobación de los objetivos fiscales es conforme con la Constitución.

Los técnicos de Hacienda apuntaron que el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver dos procedimientos relacionados sobre la falta de presentación del proyecto de Presupuestos de 2024 a 2026 y las sucesivas prórrogas presupuestarias, en un conflicto de atribuciones promovido por el Senado.

También debe pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 15.6 de la Ley Orgánica, que suprimió la posibilidad del Senado de vetar los objetivos fiscales.

Vergel comentó que la calidad institucional también consiste “en revisar las normas cuando la experiencia revela una insuficiencia y en evitar que la incertidumbre jurídica condicione el funcionamiento de las instituciones”. “Los Presupuestos son una pieza clave de las finanzas públicas y una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que debe apoyarse en un procedimiento claro y completo”, concluyó.