En un comunicado, Gestha señaló que el actual Ministerio de Hacienda “es también corresponsable de este varapalo judicial por no haber modificado la regulación del modelo 720 de bienes en el extranjero, pese a que fue advertido por los técnicos de Hacienda en varias ocasiones desde 2018”.

Los técnicos recordaron que el ministro Cristóbal Montoro, del Gobierno del PP, aprobó la declaración de bienes en el extranjero el 31 de octubre de 2012, “como un claro acicate para mejorar los pobres resultados, a esa fecha, de la amnistía fiscal, apenas un mes de que expirara el plazo para acogerse a ella”.

Para Gestha, “el mantenimiento posterior de sus duras consecuencias se interpretó como un movimiento de péndulo ministerial para tratar de acallar las críticas políticas a la amnistía, así como del blindaje legal para no publicar la lista de los amnistiados, reclamada por los grupos de la oposición, sobre todo cuando se conocieron algunos casos de personas vinculadas a conocidas investigaciones de anticorrupción”.

A la falta de plazo de prescripción, que el TJUE considera desproporcionada, se añade que el tribunal considera abusivas las sanciones impuestas, como una sanción máxima del 150% de la cuota no pagada como una infracción tributaria muy grave, así como otras altas sanciones fijas por no presentar el modelo 720 en plazo. También una sanción de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10.000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, con un mínimo de 1.500 euros.

En este sentido, Gestha coincide en que dichos importes “no guardan proporción alguna con el de las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en España”, por lo que recordó que, junto al régimen de imprescriptibilidad, llevó a la Comisión Europea a denunciar en junio de 2019 a España ante el TJUE al considerar que se estaban vulnerando cinco libertades de la UE.

Así, Gestha reconoce la utilidad de esta información, pero observa que “la utilidad no justifica que las consecuencias de su incumplimiento sean desmesuradas”, por lo que recordó haber propuesto varias veces su modificación.

Ahora, en opinión de Gestha, el momento adecuado para abordar la modificación del modelo 720 “será antes de que se regule reglamentariamente la nueva obligación de declarar las criptodivisas situadas en servidores del extranjero, que se ha aprobado en la ley de prevención del fraude de julio de 2021”.