Así se expresó Gestha en un comunicado difundido con motivo de la celebración el próximo lunes de una reunión entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, con el fin de abordar la transferencia íntegra de de la gestión del IRPF a dicha región a partir de 2026.

En concreto, los técnicos de Hacienda detallaron que deberá modificarse la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las Leyes Orgánicas de los Estatutos de Autonomía, la ley de 2001 que ya otorgó una mayor capacidad normativa y cedido unos mayores porcentajes de la recaudación del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el juego, IVA e Impuestos Especiales, así como las respectivas Leyes que fijan el régimen concreto de cesión de tributos del Estado a cada comunidad, entre otras.

Según Gestha, esta negociación se incardina en el acuerdo de financiación singular de Cataluña, que admite implícitamente el límite constitucional al perseguir un “sustancial aumento” de la capacidad normativa que estaría coordinada con el Estado y la Unión Europea, cuando aspira a asumir la gestión de todos los impuestos en Cataluña, un cupo catalán por la parte del gasto estatal de los servicios no transferidos en Cataluña y una cuota de solidaridad entre Regiones con un fondo a negociar.

No obstante, en opinión de Gestha, “la actual crispación política hará difícil la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe asegurar la suficiencia para financiar el gasto regional y la solidaridad entre territorios”. A su parecer, esto podría demorar el acuerdo, por lo que cree que será más fácil avanzar en el aumento de la capacidad normativa y en la gestión compartida del IRPF con las comunidades a partir de 2026.

Los técnicos previnieron de que el acuerdo debe concretar la entidad que gestionará y liquidará las retenciones y pagos a cuenta en 2026 y las devoluciones de la Campaña de la Renta entre abril y junio de 2027.

Igualmente, advirtieron de que la información de las declaraciones de Renta “es crucial en la lucha contra el fraude fiscal en España porque al final determinadas personas son las que se lucran ilícitamente de la evasión y en las que afloran las rentas y patrimonios ocultados”, por lo que la Agencia Tributaria no debería perder esa información.

En este sentido, Gestha avisó de que el IRPF aporta el 95,4% de la progresividad del sistema fiscal español. En cambio, explicó que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones solo aporta el 3,2%, y los Impuestos de Patrimonio y de Solidaridad de grandes fortunas el 1,4% restante. Tampoco cree que se deba olvidar las resistencias como las que llevaron a la Agencia Tributaria a crear la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

MODELO FEDERAL

Gestha sostiene que se avanza hacia un modelo tributario federal al querer la Ministra de Hacienda que todas las comunidades autónomas de régimen común tengan una mayor capacidad normativa y de gestión del IRPF, así como con una gobernanza de las inversiones públicas.

Según los técnicos de Hacienda, si la ATC asume en 2026 la recaudación del 100% del IRPF pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar otros 27.590 millones, y tendrá que devolver 2.737 millones a los catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.

Por otra parte, Gestha ve muy difícil el traspaso de una parte del personal de la AEAT a la ATC, y asegura que la gran mayoría de los 6.359 empleados de la AEAT en Cataluña rechazaría integrarse en la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

De hecho, la posible cesión de una parte de los 2.049 técnicos de Hacienda, que son el 78,3% de la plantilla con funciones superiores de recaudación, comprobación y liquidación tributaria y aduanera, aumentará exponencialmente las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior en la ATC sean un atractivo suficiente pues, la gran mayoría carece de “lazos afectivos y familiares” en la región.

Precisamente, el panel de movilidad de los técnicos de esta semana, que solo realiza 561 traslados frente a las más de 1.000 traslados del año pasado, ha resultado decepcionante para las altas demandas de traslados, principalmente de los técnicos destinados en Cataluña y Madrid, que necesitan más de 20 años de antigüedad para llegar a buena parte de las provincias deseadas.

En este contexto, Gestha ve que la dimensión de la ATC es “muy pequeña” para asumir la gestión del IRPF en Cataluña y seguir con la gestión de los impuestos cedidos y propios al contar con solo 832 personas empleadas, de ellas solo 29 inspectores y 41 técnicos tributarios autonómicos, ambos del subgrupo A1, que realizan las funciones superiores de control tributario.

Ante estas dificultades, Gestha señaló que quedará para un momento muy posterior la negociación más problemática, que es la aportación a la solidaridad de Cataluña con las demás comunidades autónomas, a pesar de que reconoce que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos tengan niveles similares con un esfuerzo fiscal también similar.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “los técnicos están indignados” con la falta de traslados y carrera en la Agencia Tributaria. Además, indicó que el Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para lograr acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un “diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarios para su aprobación”.