“Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho”, denunció Santiago, cuya organización incluyó en esta campaña un manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, acompañado de un informe que demuestra con datos el “colapso” del sistema actual. Además, con esta iniciativa, el Consejo de Gestores hace un llamamiento a una movilización general para exigir una atención pública “digna, cercana y accesible”.

El informe, elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), analizó durante un año la disponibilidad de cita previa en 25 de los trámites más relevantes de los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia, Inclusión y Educación.

Según sus conclusiones, más del 80 % de los trámites analizados carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025. En los casos más graves, los ciudadanos llegaron a esperar hasta 36 días para obtener una cita, como ocurrió con la expedición del DNI en el mes de julio. Las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería son los más afectados. Por el contrario, el único ministerio que mantuvo la disponibilidad casi completa fue Hacienda, aunque incluso allí se detectaron picos de demora de hasta diez días.

A juicio de este colegio profesional, la situación “no solo es insostenible desde un punto de vista organizativo, sino que choca frontalmente” con lo establecido por la legislación vigente, que reconoce el derecho de las personas físicas a elegir cómo se relacionan con la administración: de forma electrónica o presencial.

PAPEL MOJADO

Pero, para los gestores administrativos, “la imposibilidad real de acceder físicamente a una oficina pública, salvo que se disponga de una cita previa muchas veces inaccesible, convierte este derecho en papel mojado”.

“Para muchas personas mayores, migrantes o ciudadanos con menor acceso a medios digitales, esa barrera es simplemente insalvable. La cita previa, lejos de ser una herramienta útil, se ha convertido en un mecanismo de exclusión”, deploró el Consejo de Gestores Administrativos.

Por este motivo, ha impulsado una campaña que busca sumar apoyos entre entidades sociales, profesionales, asociaciones ciudadanas y personas particulares. El objetivo es recuperar un modelo de atención presencial que funcione y que respete el principio de legalidad, sin eliminar la cita previa como opción, pero devolviéndole su carácter original de instrumento complementario, no excluyente.

El manifiesto reclama que se garantice siempre la atención sin cita previa como alternativa real, que se refuercen los medios humanos y tecnológicos de las oficinas públicas para absorber la demanda y que se prohíba la imposición de la cita previa como única vía de acceso.

El Consejo General ha preparado un documento de adhesión, que puede firmarse a través de su web ('www.consejogeneral.org') o que se puede encontrar en redes sociales y remitir a la dirección de correo electrónico relacionesinstitucionales@consejogestores.org.

El Consejo General se dirigirá en los próximos días a otras organizaciones y a representantes institucionales para sumar adhesiones y presentar el informe en instancias parlamentarias, otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, y medios de comunicación. Asimismo, iniciativa aspira a lograr que la atención presencial vuelva a ser un derecho real, accesible y respetado, no una ficción sujeta a disponibilidad tecnológica o a burocracias imposibles.

“La iniciativa no va contra el uso razonable de la tecnología, sino contra su mal uso como barrera. Es perfectamente posible tener una Administración moderna y eficaz sin excluir a los ciudadanos del mostrador. Solo hace falta voluntad política y respeto por la legalidad”, sentenció Santiago.