Los Gestores Administrativos consideraron que, de esta forma, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria.

El calendario de implantación de Verifactu establece como límite para su adaptación el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados.

Los Gestores Administrativos incidieron en que en España el 99,8% del tejido empresarial está constituido por pymes, con una estructura reducida, y, por lo general, es el empresario quien asume los costes y las gestiones. Esto implica que “cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso” que dejan de dedicar a otras labores de su empresa.

El presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago Ollero, señaló que la tecnología permite conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente y apuntó que “si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas”.

Los Gestores abogaron por sustituir un modelo rígido que consideran “café para todos” por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos.

Además, el Consejo General advirtió de que la implementación de Verifactu coincide con la puesta en marcha de la factura electrónica. Para los expertos, estas dos medidas no pueden analizarse de forma aislada, pues recaerán sobre las mismas empresas y generarán un efecto acumulado que, a su juicio, el Gobierno no ha evaluado de forma conjunta.

PROPUESTAS

El Consejo General propuso revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicitó tres acciones principales. La primera de ellas es que se introduzcan criterios objetivos en la norma y que se tenga en cuenta el tamaño de la empresa, su historial de cumplimiento, el volumen de actividad, la frecuencia de emisión de facturas completas, el carácter excepcional de las operaciones y el nivel de riesgo fiscal real de cada contribuyente.

Por otro lado, los Gestores consideraron necesario que se apliquen exenciones selectivas y se utilice la facultad legal expresa que tienen los Ministros de Hacienda y de Economía para exonerar de estas obligaciones a ciertos contribuyentes, para no perturbar el correcto funcionamiento de sectores o subsectores específicos.

Por último, solicitaron un estudio de impacto conjunto, con un análisis técnico sobre el efecto acumulado de Verifactu y la factura electrónica obligatoria antes de su implantación definitiva.