Los Gestores Administrativos precisaron este lunes, en un comunicado, que el anteproyecto persigue garantizar la calidad técnica y la homogeneidad en la aplicación de las políticas de igualdad, a través de la creación de este perfil, pero advirtieron de que ese objetivo “no explica ni justifica por sí solo la decisión de crear una reserva de actividad profesional”.

Además, incidieron en que esa decisión excluye o condiciona el ejercicio de funciones que ya forman parte del trabajo habitual de otros profesionales cualificados, y también reconfigura el mercado profesional, de manera que se desplaza a quienes ya operan bajo esquemas de colaboración social reconocidos por el propio ordenamiento jurídico.

Para los Gestores Administrativos, la solución debería pasar por elevar estándares en lugar de crear figuras nuevas que, en su opinión, crean “exclusividades”. El presidente del Consejo General, Fernando Jesús Ollero, precisó que con estas alegaciones no pretenden discutir “el objetivo de mejorar la calidad de las políticas de igualdad”, sino “el camino elegido para conseguirlo”.

“Regular una actividad no exige necesariamente crear una profesión nueva y excluyente, cuando ya existen profesionales cualificados que vienen aplicando la normativa con normalidad”, recalcó.

El presidente del Consejo General insistió en que “si la ley es buena, clara y técnicamente sólida, los profesionales que ya trabajan con empresas y administraciones deberían poder aplicarla correctamente”, y alertó de que “cuando una norma necesita blindarse mediante exclusividades, la duda razonable es si el problema está en los profesionales o en el diseño del modelo”.

Los Gestores Administrativos recordaron que el Derecho de la Unión Europea y su trasposición al ordenamiento jurídico español establecen expresamente que las reservas de actividad profesional constituyen la forma más intensa de restricción del acceso a una profesión y solo pueden justificarse cuando no exista ninguna alternativa menos restrictiva.

En este sentido, Santiago Ollero añadió que “la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en numerosas ocasiones de que las reservas de actividad son una de las formas más intensas de restricción de la competencia y solo pueden justificarse cuando no existe ninguna alternativa menos restrictiva”.

El presidente también agregó que “los gestores administrativos, como otros profesionales jurídicos y económicos, llevan años asesorando a empresas en el cumplimiento de obligaciones legales, también en materia de igualdad, sin conflictos ni disfunciones”, y concluyó que “elevar estándares, acreditar competencias y reforzar la supervisión suma; crear mercados cerrados sustituye y excluye”.

El Consejo General reiteró su disposición a colaborar con el legislador para mejorar la norma, pero incidió en que regular no puede convertirse en crear estructuras nuevas cuando ya existen mecanismos eficaces de colaboración social, ni en generar dudas sobre a qué intereses responde realmente el modelo elegido.