Con motivo de la celebración mañana viernes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la SEGO recordó que cuenta con un documento de consenso de la especialidad destinado a reforzar la contribución de los ginecólogos a la detección temprana de la violencia de género desde el sistema sanitario, en el que la violencia de género es un problema infradiagnosticado, y solo se detecta el 5% de los casos.

En este documento se destacan cuestiones como la ausencia de control de la fecundidad, debido a la negativa del maltratador, que suele ir asociada a un aumento de embarazos no deseados e interrupciones de embarazo de repetición; u otras como las complicaciones del embarazo, que también pueden esconder un caso de violencia doméstica.

Este consenso aboga por el cribado universal de la violencia de género en todas las consultas de Ginecología y Obstetricia, y enumera los factores de riesgo de la violencia de género, que en los colectivos más vulnerables un porcentaje importante por parte de la pareja se inician con el embarazo, incluida la violencia física y sexual.

Por eso, las consultas de embarazo y puerperio –como las de planificación familiar y las revisiones periódicas- representan una oportunidad para detectar la violencia de género, según destacaron desde SEGO.

Entre los signos y síntomas de sospecha que deben alertar al especialista, además de la ausencia de control de la fecundidad ya mencionada, también destaca el rechazo al uso del preservativo, lo que aumenta las probabilidades de infección de transmisión sexual, y en ocasiones puede esconder un caso de violencia doméstica.

Asimismo, el documento también contiene recomendaciones prácticas a los especialistas sobre lo que deben realizar en la consulta para que la mujer pueda confirmar que sufre maltrato.

En este sentido, los ginecólogos deben transmitir empatía y respeto con el lenguaje no verbal y sobre todo escuchar a sus pacientes, pues la consulta puede resultar el único espacio que tiene la mujer para hablar de su maltrato.

Una vez detectado un posible caso de violencia de género, es clave asegurar un tiempo y espacio que garantice la confidencialidad de la mujer y que en ningún momento su pareja sepa ha revelado su situación.

La SEGO, a través de este consenso, también recuerda a sus profesionales que el personal sanitario tiene la obligación legal de comunicar el maltrato o agresión sexual a las autoridades judiciales mediante el parte de lesiones e informe médico, el cual es fundamental para poner en marcha las medidas legales dirigidas a la protección de la mujer y es, en muchas ocasiones, la única prueba de un posible delito con el que cuentan los juzgados.