Así lo anunciaron este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en la que también participó la nutricionista y profesora universitaria de Nutrición Humana y Dietética Beatriz Robles y en la que avanzaron que los procesados y ultraprocesados quedarán “fuera” de la dieta de pacientes y usuarios y, por el contrario, se impulsará el consumo de alimentos frescos, de proximidad y de más verduras y legumbres.

El real decreto persigue garantizar que todas las comidas servidas en estos centros “se asienten en las recomendaciones dietéticas de alimentación saludable y sostenible para todos los grupos de edad” y “ajustándose a los contextos pertinentes”, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y de la OMS.

En el transcurso de su alocución Bustinduy subrayó que se trata de “proteger y reforzar” el derecho a una alimentación “saludable y nutritiva”, que, recordó, “es un derecho social” y “tiene que ser un derecho universal”.

A este respecto, aseveró que se trata de “atender un clamor social que parte de una experiencia que es subjetiva, pero es universal también”, como es “esa sensación contradictoria” de que, “en un momento de vulnerabilidad específica” y, mientras “recibimos consejos sobre qué pautas seguir para recuperarnos, a veces nos encontramos con que la alimentación que recibimos no responde a aquello que nos están sugiriendo que debemos hacer y, en algunos casos, lo contradice abiertamente”.

CASOS FLAGRANTES

“Todo el mundo ha vivido la experiencia de estar acompañando a una persona en un hospital y pasar días alimentándose de máquinas vending donde cuesta mucho encontrar alternativas saludables y todo el mundo ha conocido múltiples denuncias sobre los casos flagrantes, inaceptables, de personas dependientes que han estado alimentándose con comida que, en algunos casos, se ha denunciado que está en mal estado”.

Ante esta realidad que, dijo, “no es aceptable”, a partir de un diagnóstico común basado en la evidencia científica, el Ejecutivo ha decidido abrir este proceso de “escucha” para recibir aportaciones con el “objetivo en mente” de “garantizar una alimentación saludable y nutritiva para todos los hospitales y las residencias del país” y de que este real decreto “pueda ver la luz cuanto antes”.

“Tenemos que avanzar hacia una sociedad que garantice este derecho de forma universal para todos”, abundó, al tiempo que también incidió en la “preocupación constante y creciente” por el hecho de que la dieta mediterránea “ha conocido tiempos mejores”, consciente de que la alimentación “no es un trámite” y el derecho a la alimentación “tampoco lo es”.

Por esta razón, juzgó “encomiable” el reto de desarrollar políticas públicas para “garantizar” el derecho a una alimentación saludable y nutritiva en estos espacios y reivindicó que “cuenta con un apoyo social extraordinariamente transversal”.

PEQUEÑOS PASOS

A su entender, todas las medidas que está implementando el Gobierno en esta línea “pueden parecer pasos pequeños, parches”, pero “cada uno de estos pasitos apunta a una dirección que es común, la de reforzar nuestra democracia” y “una idea de sociedad construida sobre la base de la universalidad de los derechos, del bienestar colectivo, de la justicia social”.

Por ello, abogó por “ir rápido, poner todo el empeño, energía y trabajo” para que el decreto sea aprobado “cuanto antes”. “La demanda social implica cierta urgencia y me gustaría que lo pudiéramos tener listo cuanto antes”, resolvió, no sin antes asegurar que podría ser idóneo “reforzar” los mecanismos de inspección para hacer que el decreto se cumpla y que las organizaciones con “mayor responsabilidad” en este ámbito “tienen que jugar un papel preponderante” para “garantizar que se coma bien en todos los hospitales y residencias del país”.

En la misma línea, la titular de Sanidad advirtió de que en España “no está garantizado algo que es absolutamente fundamental” e indicó que, con este decreto, se pretende “regular esta alimentación para que la salud empiece desde la bandeja de la comida de un hospital o una residencia” y, en definitiva, “reconocer que la salud empieza en la bandeja de los pacientes”, cuyos menús deben ser “más dignos”.

PLACER

Por último, Beatriz Robles coincidió en la importancia de proporcionar a los pacientes y residentes alimentos “de calidad, nutritivos, saludables, suficientes y garantizar que la comida sea fuente de placer, con preparaciones acordes a las preferencias y gustos” de los usuarios.

La futura normativa se enmarca dentro de las previsiones recogidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, y establecerá criterios “mínimos” de calidad nutricional y sostenibilidad que deberán cumplirse en la contratación y prestación de servicios de alimentación en hospitales y residencias, asegurando la “correcta alimentación” de los usuarios de centros y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia y con necesidades especiales.

El plazo de participación en la consulta pública estará abierto hasta el próximo 21 de junio.