Pérez Correa explicó que la presencia creciente de menores de sexo femenino, algunas de ellas de apenas 10 y 11 años, ha obligado a las administraciones a buscar fórmulas específicas de protección. "Nuestra urgencia ahora mismo es intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle", afirmó durante una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia.

El secretario de Estado señaló que el aumento del número de niñas migrantes ya había sido advertido por los servicios de protección de menores ceutíes antes del repunte registrado en las últimas semanas. Según indicó, en estos momentos existe "un porcentaje altísimo de niñas" dentro del sistema de protección de la ciudad.

"Se ha hecho un trabajo magnífico tanto por la ciudad como por el Ministerio del Interior para que las niñas estuvieran en un lugar identificado, acogido por su extrema vulnerabilidad", destacó.

Pérez Correa alertó de que muchas de estas menores presentan situaciones personales especialmente delicadas. "Estamos hablando en algunos casos de niñas de 10 y 11 años y estamos hablando además con unas condiciones muchas veces que realmente están saliendo relaciones de situaciones familiares muy complejas", explicó.

Por ello, defendió que su atención no se realice en grandes centros residenciales, sino mediante recursos especializados. "Estamos hablando de recursos que no pueden ser grandes centros de menores, tienen que ser pisos tutelados, tienen que ser elementos donde se puede hacer una intervención socioeducativa", sostuvo.

A su juicio, la prioridad inmediata son "las 500 niñas que sabemos que ahora mismo hay en los dispositivos", cuya situación requiere una atención diferenciada respecto al resto de menores llegados a Ceuta.

HAY RECURSOS ECONÓMICOS

Pérez Correa explicó que el Ministerio ya trabaja con distintas entidades acreditadas que disponen de plazas especializadas en la Península para atender a menores en situación de especial vulnerabilidad.

Además, aseguró que el traslado cuenta con cobertura jurídica y financiera: "¿Legalmente es posible derivar estas niñas a recursos especializados a Península? Sí, tenemos el mecanismo y los recursos económicos".

El secretario de Estado insistió en que la propuesta es conocida por la ciudad autónoma. "El Gobierno de Ceuta lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de infancia", señaló.

Asimismo, defendió que una de las opciones pasa por mantener la tutela administrativa de los menores en manos de Ceuta mientras son atendidos en recursos especializados de otras comunidades autónomas. Según explicó, esta fórmula facilitaría tanto el seguimiento individualizado de cada caso como eventuales procesos de reunificación familiar.

MÁS DE 2.500 MENORES

Pérez Correa advirtió de que las cifras de menores migrantes "continúan creciendo" y superan con creces la capacidad ordinaria del sistema de protección. Situó entre 2.400 y 2.500 el número de menores identificados en Ceuta a través de los sistemas de protección, los recursos de emergencia y las filiaciones policiales, aunque reconoció que "la cifra real es superior". Añadió que numerosos menores continúan en la vía pública y que la complejidad geográfica de la ciudad dificulta una cuantificación exacta.

A su juicio, la situación actual no tiene precedentes recientes: "Estamos en un contingente que va a ser un número que no ha tenido nunca el sistema de protección ceutí".

El número dos del ministerio de Juventud e Infancia rechazó las propuestas de devolución generalizada de menores migrantes planteadas por dirigentes del Partido Popular y por responsables de la Ciudad Autónoma. Además, recordó que las devoluciones de menores deben realizarse caso por caso y respetando todas las garantías legales.

DEPORTACIONES MASIVAS ILEGALES

Recordó que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la normativa europea obligan a estudiar individualmente cada situación y a garantizar la protección efectiva de los menores afectados: "En España las deportaciones masivas de menores son ilegales".

Reiteró que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "conoce perfectamente" el funcionamiento del sistema de protección. "Si esto fuera tan fácil como plantea ahora mismo el Partido Popular, sus sistemas de protección en comunidades autónomas que tutelan a miles de menores podrían haber empezado esto o haber buscado esta fórmula; igualmente son conscientes de que no es legal".

Según explicó, algunos niños expresan su voluntad de regresar a sus países de origen, pero en el caso de muchas de las niñas atendidas por los servicios de protección la situación es diferente. "Las niñas vienen de situaciones muy dramáticas y verbalizan que no quieren retornar", aseguró. "Hay que escuchar al menor y hay que dar garantías legales".

FISCALÍA DE MENORES

Pérez Correa defendió la aplicación del Real Decreto Ley que regula la distribución de menores migrantes entre comunidades autónomas y aseguró que el Ejecutivo velará para que "en todas las comunidades autónomas" se cumpla la ley.

El secretario de Estado insistió en que "ningún director general o ningún consejero puede evitar que un menor tenga derecho al acogimiento en un órgano residencial de su comunidad autónoma" y reivindicó que el sistema español de protección de la infancia es "muy garantista" y está orientado a preservar "el interés superior del menor y el derecho al acogimiento".

En relación a la oposición mostrada por algunos gobiernos autonómicos del PP, advirtió de que existen mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acogida. "Si no se quiere cumplir la ley, actuará en este caso Fiscalía de Menores", afirmó.